INFORME Nº 27/08
CASO 11.769-A
ADMISIBILIDAD
JESÚS MÓNICA FERIA TINTA
PERÚ
14 de marzo de 2008
I.

RESUMEN

1. El 17 de junio de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”, “la Comisión Americana” o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el Doctor
Curtis Francis Doebbler, en su carácter de representante de la señora Jesús Mónica Feria Tinta
(en adelante “la presunta víctima” o “la peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad de
la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”) en virtud de las
presuntas violaciones a los derechos humanos de las que habría sido víctima la peticionaria
con motivo de su detención, procesamiento por el delito de terrorismo en el año 1992 y la
orden de apertura de un nuevo proceso en su contra con posterioridad a su absolución. Al
momento de elaboración del presente informe, la presunta víctima ha asumido su propia
representación en el trámite ante la CIDH.
2. La peticionaria alega que el Estado es responsable por la violación de los derechos
protegidos por los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal) 8 (garantías
judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección de la honra y de la
dignidad), 13 (libertad de pensamiento y de expresión), 14 (rectificación o respuesta) y 25
(protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
“Convención” o la “Convención Americana”) en concordancia con la obligación general de
respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 del citado instrumento internacional. Alega
también que la petición es admisible ya que se encontraría eximida del requisito de
admisibilidad relativo al previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna conforme
al artículo 46.2.a de la Convención, puesto que la legislación peruana en materia de terrorismo
no aplicaría las normas del debido proceso.
3. El Estado, por su parte, en aplicación del artículo 46 de la Convención Americana, solicita a
la Comisión que se declare la inadmisibilidad de la presente petición por cuanto la peticionaria
no habría interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna. Asimismo, el Estado
alega que la petición no se habría presentado en el plazo convencional de seis meses. En
efecto, el Estado sostiene que los plazos para la presentación de la petición ante la CIDH
habrían vencido con “razonable exceso” a la fecha de la presentación de la petición, en
consideración a la fecha de la presunta violación o, “en todo caso, desde que se le habría
notificado a la presunta víctima la decisión con relación a la reapertura del proceso penal en su
contra”.
4. Tras analizar la información disponible, la Comisión declaró el caso admisible con relación a
la presunta vulneración de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la
Convención Americana en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del citado instrumento
internacional e inadmisible con relación a la presunta vulneración de los artículos 4, 13 y 14
del referido instrumento internacional. Asimismo, la CIDH se declaró competente para analizar
en su etapa de fondo las presuntas violaciones a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y las presuntas violaciones de los
derechos consagrados en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (en adelante
“Convención de Belém do Pará”), en cumplimiento con los requisitos previstos en sus artículos
46 y 47 y decidió notificar a las partes y publicar el informe en su Informe Anual.

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