11.
La parte peticionaria alegó que no se desplegaron acciones efectivas para encontrar y devolver
los restos mortales del señor Flores Bedregal. Señaló que los familiares en el marco de los procesos judiciales
y al Ministerio de Defensa, solicitaron la desclasificación de los archivos relativos a la época en que ocurrió el
golpe militar, donde debe existir información sobre su paradero. Adujo que pese a diversas órdenes y
decisiones judiciales requiriendo a las Fuerzas Armadas la desclasificación de dicha información, éstas fueron
desacatadas por las autoridades militares y no se adoptó ninguna medida para garantizar su ejecución.
B.

Estado

12.
En la etapa de fondo el Estado se refirió principalmente a los procesos internos adelantados
por los hechos relacionados con la muerte de la presunta víctima, reconociendo que el señor Flores Bedregal
fue “asesinado” en la toma de la COB el 17 de julio de 1980. El Estado adujo que ha cumplido con sus
obligaciones en materia de justicia, y que la CIDH no puede actuar como una cuarta instancia para revisar las
decisiones internas que establecieron las responsabilidades correspondientes por la autoría material e
intelectual de estos hechos. Además, indicó que debe tenerse en cuenta la complejidad de los hechos
investigados a la luz del criterio de plazo razonable. En particular, el Estado adujo que debía tenerse en cuenta
que los hechos del asalto a la COB ocurrieron en un período de dictadura y en el marco de una “conducta
compleja de organización militar inconstitucional” y “los involucrados en el crimen pertenecían a una
estructura militar preparados para hacer desaparecer las evidencias y pruebas”.
13.
En primer lugar, el Estado se refirió al “juicio de responsabilidades” instaurado en contra del
ex presidente de facto Luis García Meza, miembros del gabinete ministerial, de las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional y personal civil. Alegó que en el marco del mismo se sancionó a los autores materiales e intelectuales
de los hechos ocurridos en la toma de la COB. El Estado indicó que dicho proceso culminó con una sentencia
condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia el 15 de abril de 1993, mediante la cual se impusieron
las penas máximas establecidas en la legislación interna, sin derecho al beneficio de indulto.
14.
En segundo lugar, el Estado presentó información sobre el proceso penal instaurado en la
jurisdicción ordinaria a partir de 1999 en contra del militar Franz Pizarro Solano y otras personas, por los
mismos hechos de la toma de la COB. Destacó que el proceso fue iniciado por la necesidad de investigar otras
posibles responsabilidades además de las establecidas en el “juicio de responsabilidades”. Indicó que dichas
personas fueron juzgadas por los delitos de “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”,
terrorismo, asesinato, encubrimiento, falso testimonio y asesinato. El Estado señaló que varios de los acusados
fueron sancionados de manera definitiva también con penas máximas, mediante Auto Supremo de 25 de
octubre de 2010 de Corte Suprema de Justicia. El Estado destacó la complejidad de este proceso, debido a un
supuesto “pacto de silencio de los procesados” y su “actitud obstruccionista”, así como los distintos incidentes
y excepciones planteados por la defensa de los acusados, a los cuales había que dar respuesta para garantizar
su debido proceso. Destacó que en la decisión del Tribunal Supremo se dejó constancia de que la demora era
atribuible a la conducta de los procesados. Señaló que los familiares de las víctimas actuaron como parte civil
y presentaron distintas solicitudes. El Estado refirió un tercer proceso penal instaurado por el Ministerio
Público en el año 2009 por el delito de desaparición forzada en perjuicio de Juan Carlos Flores Bedregal y otras
personas el cual, para el 2011, se encontraba en etapa de investigación.
15.
En comunicaciones posteriores el Estado controvirtió la caracterización de los hechos como
desaparición forzada señalando que “el fallecimiento del Sr. Flores Bedregal está probado” de acuerdo con las
determinaciones judiciales internas. En ese sentido, el Estado adujo que “lato sensu, debido a la participación
y/o aquiescencia de agentes del Estado en el hecho que produjo la muerte del Sr. Flores Bedregal, podría
considerarse que éste violó […] el derecho a la vida […]”, no obstante, alegó que con el regreso a la democracia
el Estado cumplió con sus obligaciones en materia de justicia. El Estado sostuvo que al momento de los hechos
y de los procesos penales, no tenía la obligación de tipificar el delito de desaparición forzada.
16.
Por otra parte, el Estado se refirió a los esfuerzos emprendidos para “recuperar los restos
mortales de las personas desaparecidas” durante la dictadura militar, incluyendo a la presunta víctima. En
particular, destacó que mediante el trabajo del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las
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