Desapariciones Forzadas (en adelante “el CIEDEF”), creado en 2003, se han adelantado diferentes acciones, que el caso del señor Flores Bedregal fue priorizado, y que se ha trabajado en conjunto con familiares y la sociedad civil para recuperar los restos mortales de las víctimas. En relación con la tipificación del delito de desaparición forzada, señaló que el mismo fue incorporado en el Código Penal boliviano en el año 2006. 17. En relación con las solicitudes para acceder a documentación clasificada de las Fuerzas Armadas, el Estado describió la actuación de las autoridades judiciales y fiscales en los procesos relacionados con la desclasificación de dicha información. Alegó que mediante resolución del Ministerio de Defensa del año 2009 se autorizó al Comando en Jefe a facilitar el acceso a la información a familiares y víctimas que así lo solicitaran y demostraran su “interés legítimo” así como el cumplimiento de otros “requerimientos judiciales”. Señaló que según el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el 26 de febrero de 2010 se dio acceso a la documentación clasificada de la Gestión 1980 del Ejército, procedimiento en el que participó la Fiscalía, y que la información sobre el escalafón de personal fue remitida al juez de instrucción en lo penal, el cual la remitió al Ministerio Público. III. DETERMINACIONES DE HECHO A. Contexto 18. Los antecedentes de la situación política en Bolivia desde la década de los 70 y la situación de derechos humanos en dicho contexto, ha sido conocida por ambos órganos del sistema interamericano. En 1981, la Comisión emitió un informe de país 3 en el cual señaló que, pese a distintos esfuerzos para la consolidación de un proceso democrático, el 17 de julio de 1980 se produjo un golpe de estado por fuerzas militares y paramilitares que instauraron un régimen de represión en el marco del cual se continuaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos4. 19. El gobierno de facto estuvo liderado por el General del Ejército Luis García Meza Tejada. La junta militar instaurada asumió las funciones propias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, atribuyéndose además el Poder Constituyente al desconocer el resultado electoral por el cual se escogieron a los titulares del Congreso Nacional, quienes debían, a su vez, elegir al Presidente de la Nación, por cuanto el candidato que ganó las elecciones generales convocadas el 29 de junio de 1980 no había obtenido la mayoría requerida constitucionalmente5. 20. Una vez instaurado el nuevo gobierno militar, se decretó también la militarización en todo el país y la proclamación de la “Participación de las Fuerzas Armadas en el actual proceso político”. La Comisión señaló que estos hechos causaron una interrupción del retorno a la democracia tras los procesos dictatoriales anteriores, y la abolición de las instituciones de representación popular. También analizó cómo a partir del 17 de julio de 1980, la violación y restricción de los derechos políticos aumentó, incluyendo el interés del gobierno militar de facto de eliminar cualquier oposición así fuese pacífica. La CIDH examinó las restricciones a los derechos sindicales y gremiales a partir del 17 de julio de 1980 mediante la adopción de una serie de Decretos Supremos que suspendieron la libertad de asociación y reunión6. El 25 de julio de 1980, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”) emitió la Resolución 308 mediante la cual resolvió “deplorar el golpe militar que suspende indefinidamente el proceso de institucionalización democrática [en Bolivia…y] manifestar su más profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas y por las graves violaciones de los derechos humanos del pueblo boliviano, como consecuencia del golpe de estado […]”. Asimismo, solicitó a la CIDH que, en el plazo más breve posible, examinara la situación de derechos humanos en Bolivia. Consejo Permanente de la OEA, Resolución CP/RES. 308 (432/80) de 25 de julio de 1980. Citada en: CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2. 13 de octubre de 1981. Introducción. 4 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2. 13 de octubre de 1981. Capítulo IV sobre derechos políticos y sección de Conclusiones. 5 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2. 13 de octubre de 1981. Capítulo IV sobre derechos políticos. Ver también: Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 46. 6 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II.53 doc.6 rev.2. 13 de octubre de 1981. Capítulos IV sobre derechos políticos y V sobre derecho de reunión y libertad de asociación: La situación sindical y gremial. 3 4

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