Los hechos del caso se refieren a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrieron Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores mientras se encontraban detenidos bajo custodia del Ejército por los presuntos delitos de porte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército sin licencia y de siembra de amapola y marihuana, así como la violación de garantías judiciales durante el proceso penal que se adelantó en su contra.

La Corte IDH ubicó los hechos en un contexto de importante presencia militar en la zona de Guerrero, durante los años 90, como respuesta estatal al narcotráfico y a la presencia de grupos armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La Corte IDH desarrolló estándares acerca del deber de investigar actos de tortura, la exclusión de las pruebas obtenidas mediante coacción y la competencia de la jurisdicción penal militar para conocer en ese tipo de actuaciones.