Los hechos del caso se refieren a la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ocurrida en diciembre de 2004 mediante resolución parlamentaria.

La Corte IDH ubicó los hechos en el contexto de una situación de inestabilidad política que había implicado la remoción de varios Presidentes y la modificación en varias oportunidades de la Constitución para afrontar la crisis política. Asimismo, aplicó estándares sobre el alcance de las garantías judiciales y la protección judicial efectiva para jueces en relación con la independencia judicial.