Los hechos del caso se refieren a la condena de Guillermo José Maqueda en el marco de un procedimiento penal especial llamado Ley de Defensa de la Democracia, que lo privó del derecho a acceder a un recurso de revisión amplio. La CIDH desistió posteriormente de la acción en razón del cumplimiento del acuerdo de implementación de sus recomendaciones, y la Corte IDH sobreseyó el caso reservándose la facultad de reabrirlo si hubiere algún cambio en las circunstancias que dieron lugar al acuerdo.