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Wilson Gutiérrez Soler y su hijo, Kevin Daniel Gutiérrez Niño, habían decidido regresar al
país, lo cual “hac[ía] necesaria la implementación de las medidas que [fueran] necesarias
para proteger su vida e integridad personal”. En tal sentido, resaltaron que en reuniones
celebradas con el Estado en mayo y junio de 2010 solicitaron a diferentes autoridades la
implementación de medidas de transporte, comunicación y la implementación de medidas
arquitectónicas de seguridad. Al respecto, valoraron positivamente el apoyo de transporte,
pero observaron que el mismo ha tenido algunas dificultades. Igualmente, los
representantes expresaron su preocupación en relación con “hechos que permiten […]
tener un temor fundado por [la] seguridad [de Wilson Gutiérrez], a saber, el interés del
único procesado por tener información acerca de los ingresos y salidas [del] país”. También
señalaron que han transcurrido varios meses y aun no se han implementado todas las
medidas de protección acordadas, por el contrario, se eliminaron algunas que contribuían a
la seguridad de la familia. Sobre la señora María Elena Soler, los representantes señalaron
que el Estado informó que se le realizó una entrevista para evaluar su nivel de riesgo pero
que, sin embargo, fue el 5 de abril de 2011 que los representantes se enteraron de que su
nivel de riesgo era extraordinario, y que no han tenido información sobre las medidas
materiales de protección que se implementarían a su favor. Observaron que con la
expedición del decreto 1740 se eliminó el apoyo de transporte que garantizaba la
seguridad de sus traslados. Sobre el esquema de protección del señor Wilson Gutiérrez,
manifestaron que en términos generales el esquema ha tenido un impacto positivo. No
obstante, consideraron que el mismo está incompleto toda vez que hasta ahora no se ha
designado a la segunda persona que hace parte del esquema de escoltas, además de que
estas medidas son insuficientes en vista de “la situación de inseguridad a la que se han
visto sometidos otros integrantes de la familia”. En relación a las medidas de protección en
el lugar donde reside el señor Gutiérrez Soler, señalaron que la Policía Nacional hizo una
evaluación de la seguridad del lugar desde hace más de un año, pero que aún no se ha
instalado ninguna medida de protección.
12.
Sobre supuestos hechos nuevos, los representantes señalaron que en el mes de
noviembre de 2010 en varias oportunidades se presentaron en el conjunto residencial
donde vive Wilson Gutiérrez Soler personas que se identificaron como integrantes de la
Policía Nacional, con el fin de realizar un “allanamiento”. Indicaron que resultaba extraño
que a pesar de haberse identificado, tales personas entraron en varios apartamentos
ubicados en el mismo edificio y repitieron esta operación los días 6, 7, 8 y 13 de noviembre
de 2010, aproximadamente entre las 10:00 y las 11:00 p.m. También manifestaron que los
vecinos que habitan en el edificio señalaron que el 12 de noviembre, hacia las 8:00 p.m.,
dos personas llegaron al conjunto residencial y se identificaron como empleados de la
Empresa de Teléfonos de Bogotá, los vecinos decidieron llamar a la empresa y les
informaron que no habían enviado a ninguna persona a realizar reparaciones en ese lugar
ni a esa hora. Los representantes consideraron que estos hechos podrían comprometer la
seguridad del señor Wilson Gutiérrez Soler y de algunos integrantes de su familia.
13.
La Comisión tomó nota de la información remitida por el Estado, sin embargo, en
sus últimos escritos (supra Visto 6) manifestó que “la información aportada en cuanto a
medidas concretas vigentes es escueta y no corresponde a la naturaleza de la situación”.
En ese sentido, quedó a la espera de información actualizada sobre la implementación
efectiva de las medidas de protección a favor de Wilson Gutiérrez Soler y su núcleo
familiar, particularmente por lo que se refiere a las medidas de seguridad en su residencia.
b)
Información sobre los beneficiarios que residen fuera de Colombia.
14.
Inicialmente el Estado informó sobre algunas medidas de protección adoptadas a
favor del señor Ricardo Gutiérrez Soler. Posteriormente, en la mayoría de sus informes el
Estado refirió que no ha recibido información por parte de los representantes sobre hechos
que puedan poner en riesgo la vida e integridad personal de los beneficiarios que residen
fuera de Colombia, ni solicitud alguna para implementar medidas de protección a su favor.
De acuerdo a información reciente del Estado, en una reunión sostenida con el señor