Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos*
de 8 de febrero de 2008

Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
respecto de la República Bolivariana de Venezuela

Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II

VISTOS:

1.
El escrito de 17 de diciembre de 2007 y sus anexos, mediante los cuales la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión
Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) una
solicitud de medidas provisionales1, de conformidad con los artículos 63.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la
Convención Americana”), 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”) y 74 del Reglamento de la Comisión, con el propósito de que la
República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) proteja a
las personas privadas de la libertad que residen en el Internado Judicial Capital El
Rodeo I y El Rodeo II (en adelante “Cárcel del Rodeo”), así como a los visitantes y
trabajadores de dicho establecimiento penitenciario, “de inminentes riesgos graves
de daños irreparables a su vida y a su integridad personal”.
2.
Los supuestos hechos en que se fundamenta la solicitud de medidas
provisionales presentada por la Comisión, a saber:
a)
la Cárcel del Rodeo está situada en el Municipio Zamora, Parroquia
Guatire, Estado Miranda. Fue construida en dos etapas: la primera inaugurada
en 1983 (El Rodeo I) y la segunda en 1996 (El Rodeo II). El Rodeo I cuenta
con capacidad para albergar 750 reclusos, mientras que El Rodeo II tiene
capacidad para 684 reclusos, es decir la capacidad total es de 1.434 plazas.
No obstante, guardan prisión 2.143 reclusos;

*

El Juez Manuel E. Ventura Robles informó a la Corte que, por razones de fuerza mayor, no podía
participar en la deliberación y firma de la presente Resolución.
1

La Comisión designó como sus delegados a los Comisionados Paulo Sergio Pinheiro y Florentín
Meléndez, y al Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton; y como sus asesores legales a la Secretaria
Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed y a los especialistas Débora Benchoam y Juan Pablo Albán. El
requerimiento inicial de elevar el pedido de medidas provisionales a la Corte fue recibido por la Comisión
el 11 de octubre de 2007 y fue presentado por los señores Humberto Prado, Pedro Nikken, Carlos Ayala
Corao y Wilmer Linero, actuando en representación de la organización no gubernamental “El Observatorio
Venezolano de Prisiones”.

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