Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria de Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, en 1995 y 1991 respectivamente, por parte de la Policía Nacional de Perú, su posterior incomunicación y la investigación, procesamiento y juzgamiento llevado a cabo por fiscales y jueces “sin rostro” de acuerdo con lo establecido por la legislación antiterrorista vigente. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad respecto de los hechos ocurridos antes de septiembre del año 2000, debido a que a partir de ese momento se reinstauró el orden democrático en el país.

La Corte IDH analizó la compatibilidad del tipo penal de terrorismo con el principio de legalidad y retroactividad.