La solicitud de medidas provisionales se fundamentó en el acoso que afectaría a un grupo de peritos designados por la CorteIDH –en el marco del trámite del caso- y a la víctima del mismo, por parte de funcionarios estatales. La CorteIDH desestimó el pedido por considerar que –prima facie- no se apreciaban los supuestos de gravedad y urgencia requeridos.