9 ha investigado en forma debida ni juzgado y sancionado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Respecto de los argumentos de fondo, alegan que el Estado es responsable por la presunta violación de los artículos 1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7 (Derecho a la libertad personal), 8 (Garantías judiciales), 13 (Libertad de pensamiento y de expresión), 16 (Libertad de asociación), 19 (Derechos del niño) y 25 (Protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "Convención" o "Convención Americana"). 4. El Estado por su parte, no controvirtió los hechos alegados por los peticionarios, y no se opuso a la admisibilidad de la petición, señalando que la aceptación de admisibilidad no debe ser entendida como un allanamiento respecto del fondo del asunto. Asimismo, brindó información respecto de los procesos internos vinculados con los hechos alegados. 5. El 14 de diciembre de 2006 la CIDH decidió aplicar el artículo 37 de su Reglamento vigente a la fecha (en adelante el “Reglamento de la CIDH”), abrir el caso con el número 12.590 y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo. 6. En relación con los requisitos de admisibilidad del caso, sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 13, 16, 19 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. Asimismo, conforme al principio iura novit curia, la Comisión decide declarar admisible la petición respecto de la presunta violación del los derechos consagrados en los artículos 3, 11, 17, 22 y 23 de la Convención Americana. En virtud del mismo principio, decide declarar admisible la petición respecto del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “CIDFP”), de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST”), y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”). La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA. 7. Respecto del fondo del asunto y, con base en su análisis de los alegatos y pruebas presentados por las partes, la Comisión concluye en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana, que el Estado de Guatemala violó los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 23 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas y sus familiares. II. TRÁMITE ANTE LA CIDH 8. El 9 de diciembre de 2005 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 1424-05. El 20 de enero de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 del Reglamento de la CIDH, transmitió las partes pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de dos meses presentara su respuesta. El Estado el 8 de marzo de 2006, solicitó una prórroga de tres meses, la que fue concedida por dos meses. El 26 de mayo de 2006 el Estado presentó su respuesta.