su presencia. Señaló que la presunta víctima fue vista por su esposa y otras personas detenidas en el regimiento,
y que este se encontraba en mal estado físico y mental como consecuencia de la tortura a la que había sido
sometido.
6. Manifestó que el 2 de julio de 2003 la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República informó sobre
la investigación realizada respecto del señor González, indicando que después de haber sido trasladado al
Regimiento de Caballería N°6, había sido sometido a intensas torturas y consecuentemente había fallecido el
26 de diciembre de 1974. Afirmó que sus restos fueron enterrados en el Batallón 14 de Toledo, exhumados a
fines de 1984, incinerados y tirados al Rio de La Plata.
7. Respecto a la desaparición forzada de Oscar Tassino Asteazu, la parte peticionaria expresó que este fue
privado de su libertad el 19 de julio de 1977 por personas identificadas como miembros de las Fuerzas
Conjuntas que lo golpearon y lo sustrajeron de su hogar. Señaló que posterior a su detención, una persona
detenida en el establecimiento clandestino de reclusión “La Tablada” escuchó la voz del señor Tassino en dicho
lugar y afirmó que estaba siendo sometido a tortura. En cuanto a las diligencias para dar con su paradero, la
esposa de la presunta víctima manifestó que se apersonó a la Policía, en donde un capitán del servicio de
inteligencia le informó que en enero de 1974 el señor Tassino había sido detenido y cuatro días después había
sido puesto en libertad, y que desde entonces se requería su presencia. La parte peticionaria señaló que no
obstante lo anterior, existen una serie de comunicaciones posteriores en las que el Estado informó que
desconocía las circunstancias de la privación de libertad del señor Tassino así como su paradero.
8. Indicó que la Comisión para la Paz informó que el señor Tassino había sido detenido el 19 de julio de 1977
en una finca por personal militar, después había sido llevado a un centro clandestino de reclusión donde había
sido torturado y había muerto a causa de un golpe violento. Dicha Comisión comunicó que los restos de la
presunta víctima fueron enterrados en el Batallón 14 de Toledo, exhumados a fines de 1984, incinerados y
tirados al Rio de la Plata. La parte peticionaria subrayó que dicha información difiere con lo establecido en un
informe posterior de agosto de 2005, en el cual un comandante del Ejército expresó que el señor Tassino había
fallecido el 24 de julio de 1977 al haber cometido suicidio en un momento que había acudido al baño sin
compañía.
9. Expresó que el 20 de junio de 1985 presentó denuncias penales por todos los hechos. Refirió que en 1985
se expidió la Ley 15.737 o Ley de Amnistía y en 1986 la Ley 15.848 o Ley de Caducidad. Expresó que los órganos
encargados de las investigaciones del presente caso entendieron que los hechos se encontraban comprendidos
dentro de la amnistía otorgada por la Ley de Caducidad por lo que las denuncias fueron archivadas. Argumentó
que frente a ello, en 1986 planteó recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad sin embargo
estos recursos fueron desestimados a través de la sentencia no. 184 de 2 de mayo de 1988.
10. Alegó que en 2005 solicitó la reapertura de las investigaciones que habían sido archivadas en aplicación
de la Ley de Caducidad. Refirió que en el caso de Luis Eduardo González, a pesar de la opinión favorable de la
fiscal encargada para seguir el curso de las investigaciones, el magistrado de la causa las clausuró invocando la
Ley de Caducidad. De igual forma, frente a los casos de Oscar Tassino, Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia
Reyes, el fiscal encargado solicitó el archivo de las actuaciones por encontrarlas comprendidas dentro de lo
establecido por la Ley de Caducidad.
11. En cuanto al derecho, argumentó la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y protección
judicial. Refirió que la Ley de Caducidad impidió llevar a cabo una investigación judicial que permitiera
alcanzar la verdad de los hechos y sancionar a todos los responsables. Asimismo, manifestó que dicha ley se ha
consolidado como un obstáculo para que las presuntas víctimas accedan a un recurso sencillo y efectivo para
proteger sus derechos humanos. Argumentó que la expedición de dicha Ley también violó la obligación de
adoptar disposiciones de derecho interno.
B. Estado

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