12. El Estado informó que los hechos acaecidos a Luis Eduardo González, Oscar Tassino, Diana Maidanik,
Laura Raggio y Silvia Reyes se dieron durante el periodo de la dictadura militar entre 1973 y 1985. Refirió
que los mismos ya fueron esclarecidos por la Comisión para la Paz, cuyo objetivo era determinar la situación
de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Manifestó que los casos denunciados por ésta no se
encuentran incluidos dentro de la Ley 15.848, por decisión del Poder Ejecutivo de diciembre de 2005.
13. En lo referente a la investigación por la desaparición forzada de Luis Eduardo González, expresó que esta
se encuentra en curso ante el Juzgado Penal de 26 turno. Afirmó que el 29 de agosto de 2018 la Fiscalía solicitó
realizar diversas diligencias probatorias, cuya ejecución aún se encuentra pendiente. Expresó que el 5 de abril
de 2019 se solicitó al Ministerio de Defensa que remita los testimonios de las actas ante el Tribunal de Honor
en los casos Gavazzo y Silveira.
14. Con respecto a la desaparición forzada de Oscar Tassino, refirió que esta se investiga ante el Juzgado Penal
de 27 turno. Indicó que el 21 de marzo de 2018 la Fiscalía solicitó diversas diligencias probatorias que aún no
se han finalizado. Expresó que el 5 de abril de 2019, luego de tomar conocimiento de las actas ante el Tribunal
de Honor en los casos de Gavazzo y Silveira, se solicitó al Ministerio de Defensa que remita los testimonios de
dichas actas. Expresó que la investigación se encuentra muy avanzada, sin embargo el principal implicado se
encuentra prófugo de la justicia.
15. En lo que se refiere a la muerte de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes expresó que la
investigación se encuentra a cargo del Juzgado Penal de 28 turno. Resaltó la importancia de este caso, el cual
se encuentra vinculado con la desaparición de Washington Barrios, el esposo de Silvia Reyes, pues en el marco
del mismo, el Poder Ejecutivo determinó la inaplicabilidad de la Ley 15.848, lo cual sentó un nuevo criterio de
interpretación, al establecer que los jueces debían investigar los hechos vinculados a los detenidos
desaparecidos, en lugar de limitarse a remitir los expedientes en consulta al Poder
Ejecutivo.
16. Por otra parte, en cuanto a la Ley de Caducidad, y su impacto en las investigaciones, el Estado refirió que a
partir del 2014 la Suprema Corte de Justicia ha venido desestimando excepciones de inconstitucionalidad
interpuestas contra los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, conocida comúnmente como Ley Interpretativa de la
Ley de Caducidad, por lo que en la actualidad no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir
y castigar los delitos que se hayan cometido durante la dictadura.
17. En cuanto a la búsqueda de las presuntas víctimas, el Estado informó que a partir de 2005 se iniciaron
nuevos esfuerzos para la investigación sobre el destino y paradero de los desaparecidos durante la dictadura,
lo cual incluyó inspecciones en sitios como predios militares que sirvieron como lugares de detenciones y
torturas. Refirió que el 27 de agosto de 2019 el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay
encontró restos óseos humanos en el predio del anterior Batallón de Infantería Blindado no.13, y que aún no
se ha podido determinar el sexo, lo cual forma parte de un trabajo de rutina que se viene realizando desde hace
varios años en dicho Batallón y demuestra el esfuerzo de las autoridades nacionales para la determinación de
los lamentables hechos ocurridos durante la dictadura en Uruguay.
18. Adicionalmente, el Estado informó que los familiares de las cinco víctimas fueron reparadas al amparo del
artículo 11 literal a) de la Ley 18.596, y sus expedientes fueron archivados luego que cobraron las
indemnizaciones respectivas.
19. Igualmente, el Estado informó acerca de una serie de avances de alcance general para superar la impunidad
por los hechos ocurridos durante la dictadura. Entre ellos enunció los siguientes: 1. La sanción de la Ley 18.596
que reconoce la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1973 y la calificación de terrorismo de Estado al
régimen que sometió a la República de Uruguay entre 1973 y 1985; 2. La sanción de la Ley 18.831 que
restablece la pretensión punitiva del Estado en todos los casos comprendidos en la Ley 15.848 estableciéndose
el carácter de crímenes de lesa humanidad y su condición de imprescriptibilidad; 3. La creación del Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia a través del Decreto del Poder Ejecutivo 131/2015 para la búsqueda de personas
desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y 28 de febrero de 1985; 4. La creación de un equipo especializado
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