-2para el peticionario en términos de dificultades y plazos. Significaría, a su
vez, exigir para casos no penales la obligación de dos procedimientos
jurisdiccionales, uno que regule la petición de la información y otro que
revise su denegación, lo que no es una obligación de los Estados que emane
de la Convención.
4. El hecho de que el artículo 8.1 se aplica a los procesos que determinan (y
no que afectan) derechos u obligaciones y que se abre cuando un acto del
Estado ha afectado un derecho, aparece claramente establecido por la
Corte en los precedentes que cita en este fallo. En el caso del Tribunal
Constitucional, en el que se examinaba la aplicación de una sanción de
destitución de las tres víctimas por parte del Poder Legislativo (párr. 67),
parte por sostener en su considerando 69 que, a pesar de que se titula
“Garantías Judiciales”, la aplicación del artículo 8.1 no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto, sino que constituye “el conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de
que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
Agrega que el ejercicio del poder sancionatorio del Estado “no sólo
presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden
jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del
debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su
jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención (párr. 68). En
el considerando 71 enfatiza que “si bien la función jurisdiccional compete
eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas
pueden ejercer funciones del mismo tipo”, agregando que, en consecuencia,
la expresión “juez o tribunal competente” exigible para la “determinación”
de derechos, se refiere “a cualquier autoridad pública, sea administrativa,
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas”. La Corte concluye este razonamiento
sosteniendo que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los
términos del artículo 8 de la Convención Americana”.
Esto significa que el artículo 8 se aplica cuando un órgano del Estado
está ejerciendo facultades jurisdiccionales, lo que no parece posible argüir
respecto de la negativa de un funcionario de proveer información a un
particular. Acorde con su posición, la Corte, en el caso del Tribunal
Constitucional, procede a examinar si la destitución de los jueces, presuntas
víctimas en el caso, cumplió con todos y cada uno de los requisitos que este
artículo exige, tales como la imparcialidad, independencia y competencia del
órgano como el derecho de defensa del afectado (considerandos 74, 77, 8184).
5. En el caso Baena, la Corte tiene esta misma posición, siendo la naturaleza
del asunto semejante, pues se trataba también del ejercicio del poder
sancionatorio del Estado (ver considerandos 124 y 131). En el caso
Bronstein, el considerando 105 repite el párrafo 171 de la sentencia del
Tribunal Constitucional y establece como fundamento de la violación del
artículo 8, los impedimentos que se le habían puesto a la víctima para
defenderse, tales como no informarle de la pérdida de su expediente, no
permitirle reconstruirlo, no comunicarle los cargos de que se le acusaba ni
permitirle que presentara testigos (considerando 106). En el caso Yatama, la