Los hechos del caso se relacionan con la detención del Sr Pollo Rivera en el marco de procesos penales derivados de imputaciones de traición a la patria y terrorismo violatorios de varias garantías al debido proceso.

La Sentencia de la CorteIDH –siguiendo las conclusiones del Informe Final de la CVR- contextualizó los hechos en la práctica sistemática de tortura vigente durante los años 1983 a 1997 en el marco de la llamada lucha antisubversiva.

Adicionalmente aplicó estándares –entre otros- sobre detención ilegal y arbitraria, prisión preventiva, el derecho a la defensa y el uso de testigos de identidad reservada, y la criminalización de actos médicos.