Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de los hermanos Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiyauri, de 14 y 17 años respectivamente, el día 21 de junio de 1991, por agentes de la Policía Nacional, en un operativo que buscaba a personas involucradas en supuestos actos terroristas, en cumplimiento de un plan denominado “Cerco Noventiuno”.

Estos acontecimientos se dieron en el contexto del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares ocurrido en Perú durante la década del 80 y hasta finales del 2000. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos -entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores que fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

La Corte IDH puso en evidencia el esquema de impunidad asociado al caso, como consecuencia del cual se procesó y condenó a los autores materiales de más bajo rango en la Policía Nacional del Perú, a la vez que el o los autores intelectuales no fueron procesados y sólo uno ha sido presuntamente identificado.

La Corte IDH destacó que tratándose de víctimas que son niños, los hechos revisten una gravedad especial. En tal sentido, la obligación del Estado de respetar el derecho a la vida de toda persona bajo su jurisdicción presenta modalidades especiales en el caso de los menores de edad y se transforma en una obligación de prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a su afectación.