Los hechos del caso se refieren a la vulneración de garantías en el proceso penal llevado a cabo en contra Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Aníbal Archila Pérez y Miguel Ángel López Calo, y que desembocó en una sentencia condenatoria a pena de muerte por varios delitos, entre los cuales estaba el asesinato.

En su Sentencia la CorteIDH consideró que Guatemala no era responsable respecto por la imposición de la pena de muerte a los Sres. Rodriguez Revolorio y Lopez Calo, debido a que su pena fue conmutada por otra privativa de libertad. Respecto del Sr. Archila Pérez –aun cuando la pena de muerte no fue nunca ejecutada-, la aplicación de criterios como la peligrosidad tanto en la tipificación de los hechos cuanto en la determinación de la sanción resulta incompatible con el principio de legalidad.

Adicionalmente, la CorteIDH evaluó las condiciones carcelarias durante la detención de las victimas y su sometimiento al corredor de la muerte.