2

5.
Las notas de la Secretaría de la Corte (en adelante también “la Secretaría”) de 4 de julio
de 2017, 9 de abril y 3 de diciembre de 2018, así como las de 24 de julio y 3 de diciembre de
2018, y 22 de febrero de 2019, mediante las cuales, con instrucciones de la Presidencia del
Tribunal, se solicitó respectivamente a la Comisión y al Estado que remitieran a la brevedad
posible sus observaciones y los informes trimestrales, en virtud de haber vencido los plazos
correspondientes para su presentación.
6.
La solicitud formulada en reiteradas oportunidades por los representantes a la Corte para
que convocara “a una audiencia pública para realizar una supervisión directa sobre el grado de
cumplimiento de las presentes medidas”, en razón del tiempo transcurrido desde la adopción
de las medidas, el alegado incumplimiento de los acuerdos alcanzados y la falta de ejecución
de cualquier acción encaminada a garantizar la vida e integridad de los beneficiarios, así como
la situación persistente de extrema gravedad y urgencia en la que se encontrarían los
beneficiarios.
7.
Las observaciones del Estado presentadas mediante escritos de 24 de abril y 19 de julio
de 2019, respecto de la solicitud de los representantes de que se convocara a una audiencia
pública, oportunidades en las que pidió que no se accediera a dicho requerimiento en virtud
del compromiso expresado para dar cumplimiento a las medidas provisionales, el trabajo
realizado para la elaboración del diagnóstico y los acuerdos celebrados con los representantes;
por su parte, mediante comunicación de 27 de enero de 2020, el Estado requirió que dicha
audiencia se realizara en formato de reunión de trabajo privada por “la sensibilidad de la
información que pueda proporcionarse”.
8.
La comunicación de la Comisión presentada el 17 de julio de 2019, mediante la cual
señaló que la falta de información por parte del Estado acerca de las actuaciones realizadas
para dar cumplimiento a las medidas provisionales y lo indicado por los representantes
resultarían relevantes al momento de decidir convocar a una audiencia pública sobre el
presente asunto.
CONSIDERANDO QUE:
1.
El artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que “[e]n casos de extrema
gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento,
podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Esta disposición está a su vez regulada en el artículo
27 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”).
2.
Las medidas provisionales tienen una naturaleza temporal y carácter excepcional y son
dictadas siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad, urgencia y
necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Estos tres requisitos son coexistentes y
deben persistir para que la Corte mantenga la protección ordenada; si uno de ellos ha dejado
de tener vigencia, corresponderá al Tribunal valorar la pertinencia de su continuación 2. Así, a
efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales, el Tribunal debe

Cfr. Asunto Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, Considerando 2, y Asunto Mery Naranjo y otros.
Medidas provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de
marzo de 2019, Considerando 3.
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