5. Al tratarse de una reconsideración sobre una prueba solicitada de oficio y del modo de la declaración, esta Corte consideró que no era necesario darle traslado a la Comisión, Estado y a los representantes de los respectivos escritos para observaciones. CONSIDERANDO QUE: 1. Las decisiones de la Presidencia que no sean de mero trámite son recurribles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos del artículo 31.2 del Reglamento de este Tribunal (en adelante “el Reglamento”). El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47 a 50, 52.3, 57 y 58 del Reglamento de la Corte Interamericana. 2. A continuación, el Tribunal procederá a: a) recapitular lo establecido en la Resolución del Presidente de 5 de octubre de 2022, b) resumir los alegatos presentados por el Estado y los representantes en sus respectivas solicitudes de reconsideración, para posteriormente, c) resolver sobre las cuestiones planteadas. 3. En la Resolución del Presidente de 5 de octubre de 2022 se ordenó de oficio la declaración por medio de videoconferencia de Thomas Scot Cochran, presunta víctima en la controversia, al respecto dicha resolución determinó como objeto de esta declaración: (i) las violaciones al debido proceso que ha sido víctima y sus dificultades para acceder a la justicia desde prisión, (ii) sus condiciones de detención, (iii) las afectaciones en su vida personal y profesional a partir de los hechos del presente caso, y (iv) los sufrimientos experimentados por él y su familia durante los años que ha estado privado de su libertad. 4. Dicha Resolución del Presidente reconoce que los representantes no hicieron ofrecimiento probatorio alguno en el momento procesal correspondiente, pero que en aras de obtener más información sobre las violaciones alegadas decidió de oficio ordenar dicha declaración justificando la misma en los siguientes términos: 15. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.a del Reglamento, este Tribunal podrá “a) procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio u opinión estime pertinente”. En el presente caso, el Presidente considera que, si bien no fue ofrecida en el momento procesal oportuno, resulta pertinente y necesario recibir la declaración de la presunta víctima, ya que puede ser útil para la resolución de este caso. Adicionalmente, el Presidente recuerda que la Corte ha destacado la utilidad de las declaraciones de las presuntas víctimas, en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las violaciones alegadas y sus consecuencias. En ese sentido, el Tribunal ha resaltado que las presuntas víctimas pueden ilustrar a la Corte respecto de las medidas de reparación que, eventualmente, podría adoptar. Además, el Presidente reitera el carácter central que tienen las presuntas víctimas en el proceso. Este carácter ha motivado que, en otras ocasiones, se solicite de oficio su declaración, aunque no haya sido ofrecida por los representantes. 5. En la misma Resolución también se decidió “de conformidad con el principio de economía procesal y de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte” solicitar que el peritaje de Sandra Lynn Babcock fuera rendido ante fedatario público y se solicitó al Estado y los representantes que remitieran de manera escrita las preguntas que estimaran pertinentes. 2