3 de la CIJP que realizaban actividades en Putumayo se vieron obligados a retirarse de la zona debido a las amenazas y hostigamientos recibidos. Asimismo, debido a las amenazas, los equipos de la organización que se encuentran en las diferentes regiones del país no pueden quedarse por períodos prolongados, razón por la cual tienen que rotar el personal; g) sobre el tercer punto, la CIJP refirió que el DAS ha realizado “montajes judiciales” y ha gestionado la apertura de investigaciones judiciales contra sus miembros con el fin de obstaculizar su trabajo. Al respecto, actualmente existen al menos tres investigaciones abiertas en contra de miembros de la referida organización por los delitos de “asonada”, “falsedad” y “amenazas”; h) respecto al cuarto punto, según la CIJP, desde hace varios años se ha implementado “una campaña de desprestigio” señalando a sus integrantes como miembros de la guerrilla de las FARC y acusándolos de desplazar a comunidades afrodescendientes del Bajo Atrato de Colombia y de pretender robarles sus tierras. Dicha campaña se ha difundido por medios de comunicación masivos como la radio, la televisión y el Internet, tanto a nivel nacional como internacional, y algunos de sus voceros están o han estado vinculados con el gobierno colombiano. Además, afirmaron que la referida campaña se intensificó a partir del 18 de diciembre de 2009, cuando fueron asesinados los afrodescendientes Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo en hechos presuntamente atribuibles a la guerrilla de las FARC. La CIJP indicó que Danilo Rueda y Abilio Peña, integrantes de la CIJP, el padre Javier Giraldo, director del Banco de Datos del CINEP e Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, han sido públicamente acusados como “determinadores de[ tales] homicidio[s]”. Asimismo, el 22 de diciembre de 2009, el Senador Víctor Velásquez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, manifestó que “los líderes afrodescendientes asesinados „denunciaron el desplazamiento forzado del que fueron víctimas sus comunidades de la cuenca del río Atrato en 1997 por las […] F[ARC], al parecer en contubernio con la ONG Justicia y Paz‟”. Debido a la referida campaña de desacreditación, numerosos grupos afrodescendientes de esas zonas, no representados por la CIJP, acusaron públicamente a los miembros de ésta de colaborar con la guerrilla para la eliminación de tales comunidades; i) según lo alegado por los integrantes de la CIJP, persiste la impunidad tanto en las investigaciones en las que están sindicados como en las investigaciones de las amenazas y hostigamientos que han sufrido. La CIJP sostuvo que subsisten los señalamientos por parte de altas autoridades estatales y que el Estado no ha dado una respuesta a la referida campaña de desprestigio. Finalmente, la CIJP sostuvo que las amenazas, hostigamientos, señalamientos y seguimientos en su contra “se inscriben en un contexto” que registra “avances en los procesos judiciales „dirigidos a ocultar la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos y a la usurpación de tierras cometidos en el Bajo Atrato […]‟”. Así, consideraron que, en tanto dichos procesos sigan avanzando, los riesgos de que actos similares se materialicen son predecibles, y j) durante la reunión de trabajo en la cual se solicitaron las presentes medidas, el Estado se opuso a las mismas con el fundamento de que había procurado atender los reclamos de los beneficiarios y de protegerlos. En particular, el Estado “[s]ostuvo que se han proporcionado esquemas de protección duros para algunos de [los] miembros [de la CIJP] y medidas generales en