Los hechos del caso se refieren a la privación arbitraria de la nacionalidad a Ivcher Bronstein, -ciudadano peruano por naturalización-, con el objeto de desplazarlo del control accionario y editorial del Canal 2 de la televisión peruana. Bronstein había realizado serie de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y de actos de corrupción en el país a través de su señal televisiva.

La Corte IDH se pronunció sobre los límites a la discrecionalidad estatal para el otorgamiento de la nacionalidad, así como sobre los estándares de debido proceso en los trámites judiciales y administrativos vinculados con el tema. Adicionalmente, interpretó los hechos como una forma indirecta de restricción a la libertad de expresión.