nota fechada el 11 de julio de 2000, la Comisión reiteró al Estado su anterior solicitud de información pertinente al caso en el plazo de 30 días a partir de la comunicación de la Comisión. A la fecha de este informe, la Comisión no ha recibido información u observación alguna del Estado respecto a la petición del Sr. Caesar. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 8. En relación con la admisibilidad de su denuncia, los peticionarios alegan que el Sr. Caesar ha agotado sus recursos internos en Trinidad y Tobago, tal y como estipula el artículo 46(1) de la Convención y el artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión. Los peticionarios afirman que el Sr. Caesar solicitó venia para presentar recurso de apelación contra su condena y sentencia ante el Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago y su solicitud fue rechazada el 28 de febrero de 1996. Se instruyó entonces al Consejo en el Reino Unido sobre los méritos de una apelación ante el Comité Judicial del Privy Council (en adelante, el “Consejo Privado”), el cual posteriormente, el 9 de noviembre de 1998, notificó al Sr. Caesar que una apelación ante el Consejo Privado era poco probable que surtiera efecto y que su caso no merecía que el Consejo le proporcionara el certificado necesario para solicitar venia especial para presentar recurso de apelación ante el Comité Judicial del Consejo Privado en capacidad de persona pobre. Los peticionarios argumentan que el Sr. Caesar ha agotado ahora todos los recursos internos eficaces a su disposición. 9. Además, los peticionarios sostienen que debido a la falta de fondos y al hecho de que no hay asistencia jurídica disponible para formular impugnaciones de carácter constitucional en Trinidad y Tobago, el Sr. Caesar no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales internos para la protección de sus derechos fundamentales. Se indica que sin una representación legal experta en Trinidad, el Sr. Caesar no tiene posibilidad real alguna de lograr resultados satisfactorios en dicho recurso debido a la naturaleza compleja de las disposiciones de la Constitución de Trinidad y Tobado. 10. Respecto a la presentación en plazo de la petición, los peticionarios alegan que el Sr. Caesar recibió asesoría jurídica del Consejo y de sus abogados en el Reino Unido en el sentido de que su caso no merecía el certificado necesario del Consejo para solicitar venia especial. Se le informó de la opinión del Consejo por medio de una carta de sus abogados de fecha el 9 de noviembre de 1998. Los peticionarios mantienen, por lo tanto, que deberá considerarse que la “sentencia definitiva” en este caso se notificó al Sr. Caesar no antes del 9 de noviembre de 1998 y que, en la medida que su petición fue presentada ante la Comisión el 9 de mayo de 1999, el Sr. Caesar ha cumplido con el plazo de tiempo para la presentación de peticiones especificado en el artículo 46(1)(b) de la Convención y el artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión. 11. También en relación con la admisibilidad de su denuncia, los peticionarios argumentan que la materia de la petición del Sr. Caesar no ha sido previamente sometida a examen en ninguna otra instancia de investigación o solución internacional. 12. Respecto a los méritos de sus alegaciones contra el Estado, los peticionarios alegan lo siguiente: a) La sentencia de “quince latigazos con el látigo de nueve colas” que se impuso a la víctima el 5 de febrero de 1998 constituye una violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención. En apoyo a esta denuncia, los peticionarios se basan en parte en el caso de Tyrer c. Reino Unido2 en el que la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que una sentencia de tres latigazos “con vara” impuesta a un niño de 15 años constituía “trato cruel, inhumano o degradante”. 2 Corte Europea de Derechos Humanos, Tyrer c. Reino Unido, Decisión del 25 de abril de 1978, Series A, No. 26. 2

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