Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria, en junio de 1992, de Rafael Suárez Rosero por parte de agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en el marco de la operación policial “Ciclón”, cuyo objetivo era desarticular una de las más grandes organizaciones del narcotráfico internacional. La víctima fue detenida sin orden emitida por autoridad competente y sin haber mediado flagrante delito. Luego de varios días incomunicado, el Juez ordenó su prisión preventiva.

La Corte IDH estableció estándares sobre prisión preventiva como medida cautelar no punitiva y sobre el carácter excepcional de la incomunicación, al tiempo que ratificó la amplitud con la que debe entenderse el hábeas corpus.