Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial y torturas sufridas por 4 personas, entre ellas 2 menores de edad, por miembros de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, en septiembre de 1995. Las víctimas permanecieron detenidas clandestinamente, a pesar de existir una orden de liberación emanada de una jueza. Durante su detención estuvieron incomunicados y fueron torturados, siendo uno de ellos víctima de violencia sexual y sus cuerpos fueron encontrados en distintos lugares de la vía pública. Los hechos permanecieron impunes.

La Corte IDH ubicó los hechos en un contexto de violencia estatal marcado por la victimización de niños y jóvenes en situación de riesgo social, a quienes se sindica como involucrados en "maras" o pandillas juveniles. Este patrón se traduce en muertes violentas, que se exponen socialmente dejando los cuerpos expuestos en lugares públicos.

El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad por los hechos. La Corte IDH estableció estándares acerca de las detenciones colectivas, acerca de su arbitrariedad e ilegalidad, y sobre la obligación de protección especial en relación con la niñez que se encuentra bajo su custodia.