Los hechos del caso se refieren a la detención, procesamiento y juzgamiento de Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, oficial retirado del ejército, quien fue sometido a la jurisdicción militar por delitos contra el deber militar y fraude.

La Corte IDH cuestionó el alcance del fuero militar respecto de civiles, reiterando el criterio del no juzgamiento de civiles en fuero castrense, debido a que uno de los principales derechos civiles de las personas es el de ser juzgado por un juez competente, imparcial y predeterminado por ley. En tal sentido, consideró a la jurisdicción militar como una justicia de excepción de interpretación restrictiva.