Los hechos del caso se relacionan con ejecución extrajudicial de un grupo inmigrantes haitianos y la expulsión de los sobrevivientes, tras un ataque de agentes militares, provocado al ser descubiertos mientras ingresaban al país.

La Corte IDH estableció estándares acerca de la aplicación del debido proceso en procedimientos administrativos de deportación o expulsión de inmigrantes, haciendo referencia a la obligación del Estado de evaluar las circunstancias especiales de cada persona y la prohibición de expulsiones colectivas. Conjuntamente la Corte IDH reiteró estándares acerca del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales y acerca de la competencia de la jurisdicción penal militar en casos que impliquen violaciones a los derechos humanos.