INFORME No. 159/18
CASO 12.993
FONDO
JORGE LUIS CUYA LAVY Y OTROS
PERU1
7 DE DICIEMBRE DE 2018

I.

RESUMEN

1.
Entre los años 2003 y 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió cuatro peticiones presentadas por Jorge Luis
Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna (en
adelante “la parte peticionaria”) en las cuales alegan la responsabilidad internacional de la República del Perú
(en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”) en su perjuicio.
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 19/15 el 24 de marzo de 20152. El 13 de
abril de 2015 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una
solución amistosa, sin que se dieran las condiciones para iniciar dicho procedimiento. Las partes contaron
con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la
información recibida fue debidamente trasladada entre las partes.
3.
Los peticionarios alegaron que entre los años 2001 y 2002, el Estado los convocó, en su
calidad de jueces y fiscales, a un proceso de evaluación y ratificación de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política de 1993, dentro del cual se emitieron resoluciones sin motivación decretando su no
ratificación, las cuales eran inimpugnables tanto en sede judicial como administrativa e implicaban la
prohibición de reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público, lo cual materializó violaciones a diversos
derechos protegidos por la Convención Americana.
4.
El Estado indicó que el proceso de evaluación de jueces y fiscales tiene como objetivo
reforzar la independencia judicial a través de la evaluación de jueces y fiscales por un órgano autónomo como
el Consejo Nacional de la Magistratura. El Estado reconoció la falta de motivación de las decisiones que
cesaron de sus cargos a las presuntas víctimas, sin embargo, alegó que no violó el principio de legalidad, los
derechos políticos, el derecho a la protección judicial ni el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Indicó que si bien el marco normativo establecía la imposibilidad de impugnar las resoluciones del Consejo
Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación, el recurso de amparo se encontraba
disponible.
5.
Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana
concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 8.2 h) (garantías
judiciales), 9 (principio de legalidad), 23.1 c) (derechos políticos) y 25.1 (protección judicial) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”),
en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. La Comisión
formuló las recomendaciones respectivas.
II.

ALEGATOS DE LAS PARTES

A.

Parte peticionaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, de
nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 CIDH. Informe No. 19/15. Petición 320-03 y otras. Jorge Luis Cuya y otros. Perú. 24 de marzo de 2015. En dicho informe, la CIDH declaró
admisibles los reclamos relacionados con los artículos 8, 9, 23 y 25 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, e
inadmisibles los reclamos relacionados con los artículos 5, 11, 24 y 26 del mismo instrumento.
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