6. Indicaron que se desempeñaban como jueces o fiscales en Perú y que a partir del año 2000 el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante “el CNM” en adelante) los sometió al proceso de evaluación y ratificación de jueces y fiscales, estipulado en el artículo 154, numeral 2 de la Constitución Política peruana y que debe realizarse cada 7 años, del cual resultó su no ratificación, así como la prohibición de reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. 7. Jorge Luis Cuya Lavy refirió que se desempeñó como Juez Especializado Civil Titular del Distrito Judicial de Lima a partir del año 1994. Indicó que en el año 2001 fue convocado al proceso de evaluación y ratificación de jueces, en el marco del cual se presentó a una entrevista personal ante el CNM donde se le hicieron preguntas no relacionadas con su desempeño laboral sino con cuestiones sentimentales, familiares, preferencias sexuales y pasatiempos. Refirió que mediante resolución inmotivada de 20 de noviembre de 2002, se dejó sin efecto su nombramiento y se canceló su título de juez, además se le prohibió reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Indicó que todo el procedimiento de evaluación y ratificación era secreto. Expresó que el proceso de evaluación y ratificación se realizó dentro de un contexto de transición del régimen dictatorial del ex presidente Alberto Fujimori con control directo del Poder Ejecutivo sobre el CNM. 8. Por su parte Jean Aubert Díaz Alvarado y Marta Silvana Rodriguez Ricse refirieron que se desempeñaban como fiscales en Perú. El señor Díaz Alvarado indicó que en 1989 ingresó al Poder Judicial como Fiscal Provincial Adjunto en lo Penal en calidad de Titular en la Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. Refirió que fue convocado a una entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Indicó que en dicha entrevista no se le imputó cargo alguno, sin embargo un Consejero le cuestionó sobre la denuncia penal que presentó el peticionario en contra del Ex Decano del Colegio de Abogados de Junín. Indicó que mediante resolución de 13 de julio de 2001 se dejó sin efecto su nombramiento y se canceló su título como Fiscal, cuando ejercía el puesto de Fiscal Provincial de Delitos Agravados y Contrabando en Huancayo. 9. Por su parte, la señora Rodríguez Ricse informó que ingresó al Ministerio Público como Técnico en Abogacía II el 31 de marzo de 1982, para posteriormente ser nombrada como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de Yauli el 7 de marzo de 1984. Indicó que en ningún momento fue convocada a una entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, sin embargo, mediante resolución de 13 de julio de 2001, se dejó sin efecto su nombramiento y se canceló su título de Fiscal cuando ejercía el puesto de Fiscal Provincial Provisional de la Tercera Fiscalía Provincial Penal. 10. Los tres indicaron que el amparo presentado fue declarado improcedente. 11. El señor Walter Antonio Valenzuela Cerna indicó que ingresó a la carrera judicial como Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Surco y Surquillo el 10 de enero de 1985, bajo la vigencia de la Constitución Política de Perú del año 1979, que en su artículo 242, inciso 2°, garantizaba su permanencia en el servicio hasta los 70 años, así como su inamovilidad en tanto observara conducta e idoneidad propias de la función. Señaló que, a pesar de que su carrera estaba regulada por la Constitución de 1979, el CNM lo convocó a proceso de evaluación y ratificación, aplicando retroactivamente la Constitución de 1993 que contemplaba el proceso de evaluación y ratificación de jueces y magistrados. Indicó que por tal situación, el 20 de junio de 2002, interpuso acción de amparo en contra de su convocatoria, la cual fue declarada sin lugar. Explicó que por considerar que ese proceso no le era aplicable, no se presentó al mismo, a pesar de lo cual el CNM dejó sin efecto su nombramiento. 12. En cuanto al derecho, las presuntas víctimas alegaron violaciones al principio de legalidad, garantías judiciales, protección judicial, derechos políticos y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno. 13. Con respecto al principio de legalidad, el peticionario Cuya Lavy indicó que se violó dicho derecho porque el artículo 146, incisos 2 y 3 de la Constitución de 1993 garantizaba la permanencia e inamovilidad de los jueces en servicio mientras observaran buena conducta e idoneidad propias de la función, sin embargo, él fue removido sin haber incurrido en conducta inidónea o impropia, o al menos, sin que se le haya imputado alguna de estas. Indicó que no existían causales predeterminadas invocadas en la resolución 2

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