13 Adicionalmente, informaron que estaba pendiente la realización de una reunión de concertación y seguimiento con “autoridades locales y departamentales” en la sede del Comité Cívico del Meta, para abordar la situación de dicha organización y para que se adopten medidas que garanticen la continuación de su labor en la región. Indicaron que el Estado se había comprometido a realizar dicha reunión y que informarían la fecha de la misma. 36. La Comisión valoró las reuniones celebradas entre las partes. 37. El Tribunal valora las reuniones de concertación y seguimiento realizadas entre las partes en el marco del presente asunto. La Corte reitera que la implementación de reuniones periódicas con los representantes de las beneficiarias tiende a garantizar su participación en la planificación e implementación de las medidas de protección ordenadas a su favor15. Asimismo, teniendo en cuenta lo considerado anteriormente en cuanto a los problemas presentados hasta octubre de 2010 en relación con la implementación de las medidas a favor de la beneficiaria Islena Rey (supra Considerando 19), subraya la importancia de dichas reuniones u otras formas de comunicación entre las autoridades estatales y las beneficiarias para garantizar la efectividad en la planificación e implementación de las medidas de protección. Por tanto, la Corte insta al Estado a realizar todas las gestiones pertinentes para mantener a las beneficiarias o sus representantes informados sobre el avance de las medidas ordenadas por el Tribunal y facilitar su colaboración en la planificación e implementación de las mismas. D. Sobre las investigaciones de los hechos relacionados con las presentes medidas provisionales 38. Adicionalmente, los representantes se refirieron a la ausencia de información sobre avances en las investigaciones de hechos relacionados con las presentes medidas. Señalaron que “la ausencia de una investigación eficaz ha permitido que transcurridos 14 años desde el asesinato de Josué Giraldo, […] aún no exista claridad acerca de quiénes [lo] ejecutaron y dieron la orden de acabar con [su] vida […] y la organización [; y que la situación de] impunidad existente en la investigación de estos hechos, impide a las víctimas […] conocer si quienes hace 14 años ordenaron la destrucción de una organización de derechos humanos en el departamento del Meta, son hoy en día y a través de estos años, quienes continúan amenazando la vida e integridad de los integrantes del Comité Cívico del Meta, y especialmente de su presidenta, Islena Rey Rodríguez”. Adicionalmente, manifestaron que los hechos de ataques contra el Comité Cívico del Meta y sus integrantes “no han sido objeto de investigaciones a través de las cuales se establezca quiénes son los responsables y los móviles de estos ataques”. 39. El Estado, con excepción de lo indicado en el Considerando 45 infra, no se refirió en sus informes a las investigaciones de los hechos relativos al presente asunto. Según los representantes, no recibieron respuesta a estas comunicaciones hasta la reunión celebrada el 26 de mayo de 2010. 15 Cfr. Asunto Giraldo Cardona y otros, supra nota 8, Considerando vigésimo noveno.