personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), derecho a la igual
protección ante la ley (artículo 24), derecho a la protección judicial
(artículo 25), derecho al desarrollo progresivo de los derechos
económicos, sociales y culturales (artículo 26), en concordancia con la
obligación de respetar los derechos del artículo 1(1) de la Convención
Americana.
3.
El Estado responde a estas alegaciones mediante un informe
sobre la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión
a los beneficiarios, en el que argumenta que se habría atendido a las
peticiones de las partes e insta a los peticionarios a continuar haciendo
uso de los recursos jurídicos y políticos existentes en la jurisdicción
interna hasta agotarlos.
4.
Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento con los
requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, sin
prejuzgar sobre el fondo del asunto la Comisión declaró el caso
admisible. La Comisión decidió notificar a las partes de esta decisión,
publicarla e incluirla en el Informe Anual a la Asamblea de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.
La CIDH registró bajo el número P 642/03 la petición recibida el
26 de agosto de 2003, y tras realizar una análisis preliminar del
contenido de la misma, el 21 de abril del 2004 procedió a transmitir
copia de las partes pertinentes al Estado, con un plazo de dos meses
para presentar información de conformidad con el artículo 30(3) del
Reglamento.
6.
En fecha 22 de junio de 2004, se recibió en la Comisión la
respuesta presentada por el Estado, la cual fue debidamente transmitida
a los peticionarios en fecha 7 de julio de 2004, otorgando un mes para
que presenten las observaciones que consideren oportunas. En fecha 9
de agosto de 2004, los peticionarios solicitaron una prórroga de siete
días para presentar sus observaciones, la cual fue concedida en la
misma fecha. El 17 de agosto de 2004 los peticionarios presentaron sus
observaciones a la respuesta del Estado. En nota del 4 de octubre de
2004, los peticionarios solicitaron la inclusión de diez personas
portadoras del virus VIH/SIDA que también participaron en la
interposición del recurso de amparo, por medio del cual los peticionarios
alegan que agotaron los recursos internos en el presente caso. Dicha
comunicación se transmitió al Estado para sus observaciones, las cuales
fueron presentadas en nota del 4 de marzo de 2005.

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