para la Protección Social de los Pueblos Indígenas. Finalmente, notó la aprobación de la Resolución CNJ n. 489, de 28 febrero de 2023, que creó el Foro Nacional del Poder Judicial para seguimiento y efectividad de demandas relacionadas con los Pueblos Indígenas. 80. Con respecto a la promoción de canales de diálogo entre las instituciones estatales y los pueblos indígenas, el Estado observó, en noviembre de 2023, que el Departamento de Protección Territorial y Pueblos Indígenas Aislados y Recién Contactados asumió la coordinación de las reuniones de la Sala de Situación Nacional ADPF 709 – y que, a partir de dicha iniciativa, se creó el Comité Interministerial para la Retirada de Invasores de Tierras Indígenas. En el ámbito del Comité, el Estado notó la implementación de un Grupo Técnico, que subsidia la elaboración de planes de contingencia y está integrado por diferentes órganos gubernamentales, además de entidades como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Asociación Brasileña de Antropología. El Estado destacó instancias de dialogo, como: (i) el Foro de Liderazgo sobre Tierras Indígenas Yanomami; (ii) el Comando Único Integrado, accesible a asociaciones indígenas locales; (iii) las reuniones de la Sala de Situación Nacional 709 de la ADPF; (iv) el IV Foro de Liderazgo Yanomami y Ye’kwana; (v) la reunión de la Alianza de los Pueblos en Defensa de los Territorios con la Secretaría de Derechos Ambientales y Territoriales Indígenas. Además de la enumeración de varios eventos realizados por agencias gubernamentales para abordar demandas relacionadas con el Territorio Indígena Yanomami. 81. Respecto a la existencia de instancias de diálogo permanente, los representantes argumentaron en noviembre de 2023 que hasta el momento el gobierno ha fracasado en la tarea de promover una mejor comunicación con los pueblos indígenas, principalmente porque no ha logrado crear otros espacios de consulta y participación social que puedan activarse con mayor frecuencia y contribuir a un seguimiento más regular del desarrollo de las acciones previstas para el territorio. 82. En noviembre de 2023 los representantes subrayaron el continuo incumplimiento por parte del Estado de la decisión judicial dictada en la Acción Civil Pública nº 100055112.2017.4.01.4200. Además, señalaron que, en esta acción legal, el Estado no ha presentado un plan para la construcción de la Base de Protección Etnoambiental (BAPE) en el río Uraricoera. Agregaron que, en la audiencia de conciliación, representantes de la FUNAI alegaron que dicha BAPE aún no ha sido construida debido a la falta de seguridad en la región, lo que “demostraría que las acciones estatales todavía no han sido capaces de neutralizar la actividad criminal en territorio indígena”. 83. La Comisión, en junio de 2023 que, tomó nota de que, entre enero y febrero de 2023, las partes realizaron acciones de coordinación, con reuniones y visitas in situ, y reconoció los cambios institucionales realizados por el Estado. En agosto de 2023 recordó el nivel de complejidad y gravedad de la situación y reforzó la importancia de que las partes establezcan canales permanentes de diálogo. Recomendó que sea estructurado el plan de contingencia indicado por el Estado de manera conjunta, incorporando los puntos sugeridos en sus observaciones de 24 de mayo de 2023, así como medidas para revertir la “cultura” que sostiene la práctica de explotación del Territorio Indígena Yanomami. 84. Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH): En diciembre de 2022 el Estado destacó acciones tomadas para protección de víctimas incluidas en el Programa, como: mapeo de riesgos y amenazas a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, rondas de protección en el Instituto Socioambiental y Hutukara Asociación Yanomami, orientación para la realización de informes sistemáticos sobre amenazas contra la integridad física y seguimiento de Investigaciones y Acción Civil Pública - 24 -