Parima Õnkiola, Haxiu, Ajarani y Alto Catrimani) todavía se encuentran completamente cerradas, con una población de más de 2000 indígenas desatendidos, y que el Polo Base Kayanau sigue fuera de funcionamiento. Adicionalmente, destacaron que el Centro de salud de la región de Surucucus fue desmantelado recientemente. Los representantes refirieron irregularidades en la prestación de servicios de salud. Señalaron que, según la auditoría de 2022 del Ministerio de Salud, la organización no gubernamental Missão Evangélica Caiuá – responsable de los equipos multidisciplinarios de salud que atienden el Territorio Indígena Yanomami – no tiene capacidad técnica y brinda servicios inadecuados. Concluyeron que los puntos centrales de acción deberían de ser: (i) las renovaciones en las estructuras diseñadas para atender a los indígenas, así como en las pistas de aterrizaje que atienden a los establecimientos de salud; (ii) la inversión en movilidad de empleados dentro del territorio; (iii) la creación de nuevas unidades de salud; (iv) el seguimiento de las recomendaciones del informe de Transparencia Internacional para garantizar el control social de los presupuestos del DSEI-YY. 17. Los representantes señalaron que, según un informe de la Hutukara Asociación Yanomami 6 de abril de 2022, de los 37 centros de salud que existen en el Territorio Indígena Yanomami, 18 tienen registros de deforestación relacionada con la minería ilegal. Al respecto, mencionaron que la Unidad Básica de Salud Indígena de la región de Homoxi fue destruida por un cráter provocado por la minería, dejando a 615 miembros del Pueblo Yanomami sin atención médica regular. Destacaron que, el 13 de septiembre de 2022, la Hutukara Asociación Yanomami informó de la muerte de seis niños en una región cercana – Xitei -, donde el puesto de salud habría sido abandonado debido al aumento de la actividad minera ilegal. 18. En noviembre de 2022 y en febrero de 2023, los representantes señalaron que habrían, entre otras, las siguientes falencias en la prestación de la atención en salud por parte del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami y Ye’Kwana: (i) el cierre de centros de salud por la expansión de la minería ilegal; (ii) la reducción del número de visitas a las Unidades Básicas de Salud Indígena (UBSI); (iii) la falta de control sobre la realización de una prueba RT-PCR por parte de los agentes previo a su ingreso a una zona indígena; (iv) el número insuficiente de médicos trabajando en las DSEI-YY y la ausencia de profesionales de la salud en las Bases de Protección Etnoambientales (BAPE); (v) la reducción de la cobertura del programa de vigilancia nutricional en niños de hasta cinco años; (vi) el hecho de que menos del 15% de las comunidades cuentan con infraestructura para acceder a agua potable; (vii) la vacante del puesto de antropólogo especializado en las etnias Yanomami y Ye’Kwana, lo que hace inviable una asistencia culturalmente apropiada; (viii) la interrupción del suministro o desvío de medicamentos en la UBSI. 19. En noviembre de 2023 los representantes informaron sobre un documento producido por la Defensoría Pública de la Unión en conjunto con el Consejo Nacional de los Derechos Humanos a raíz de una visita técnica para verificar la situación de los pueblos indígenas en Roraima. A partir del testimonio de distintos miembros de los Pueblos Yanomami y Ye’Kwana, reportaron, entre otros problemas, que una mujer indígena salió de su comunidad y murió en el camino, debido al hambre; que las personas que tenían malaria acudieron al centro de salud y no había medicamentos; que las personas encargadas de entregar o aplicar 6 El informe publicado por la Hutukara Asociación Yanomami en abril de 2022, “Yanomami Bajo Ataque: Minería Ilegal en el Territorio Indígena Yanomami y propuestas para combatirla – un panorama del avance de la destrucción minera en la más grande tierra indígena del país”, señaló que, en 2021, la destrucción causada por la minería en el Territorio Indígena Yanomami creció un 46% en comparación con 2020. Hubo un incremento anual de 1,038 hectáreas, alcanzando un total acumulado de 3,272 hectáreas, el mayor crecimiento observado desde que se inició el monitoreo en 2018, y posiblemente la tasa anual más alta desde la demarcación de la tierra indígena en 1992. (El informe está disponible en https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/yal00067.pdf) -6-