40 la decisión de la Comisión y la Corte constituiría una violación de los derechos constitucionales 102 de las presuntas víctimas de este caso. r) El 4 de junio de 1999 el Estado de Trinidad y Tobago ejecutó a Joey Ramiah luego de haber sido declarado culpable de homicidio intencional y haber sido condenado a la pena de muerte en la horca (infra párrs. 190200) a pesar de existir una medida provisional a su favor, por virtud de la cual esta Corte le ordenó al Estado abstenerse de quitarle la vida. s) El 7 de febrero de 2000 Wayne Matthews fue informado de la conmutación de su pena de muerte por la pena de 75 años de prisión. t) Los representantes de las supuestas víctimas incurrieron en gastos en la tramitación de sus casos ante el sistema interamericano. IX VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4.1 Y 4.2 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA (Pena de Muerte Obligatoria) Alegatos de la Comisión 85. La Comisión alegó que el Estado es responsable de la violación de la Convención Americana por el arresto, detención, juicio, condena y sentencia a muerte en la horca de las 32 supuestas víctimas del presente Caso (supra párr. 2), efectuados en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago, que data de 1925. 86. Agregó que de conformidad con la sección 4 de la Ley de Delitos contra la Persona, una vez que se establece que el acusado es culpable de homicidio intencional se impone “obligatoriamente” la pena de muerte, porque dicha sección dispone que “toda persona condenada por homicidio intencional sufrirá la muerte” 103. 87. Además, la Comisión señaló que la legislación de Trinidad y Tobago no permite que un tribunal considere las circunstancias personales del acusado o las características de su delito cuando se trate de homicidio intencional. Entre esas circunstancias mencionó los antecedentes penales del procesado, los factores subjetivos que pudieran haber motivado su comportamiento, el grado de participación que tuvo en el acto delictivo y la probabilidad de que se reforme o readapte socialmente. Tampoco puede valorar si la pena de muerte es la sanción 102 nota 99. Cfr. Thomas and Hilaire v. Baptiste et al., Apelación ante el Privy Council No. 60 de 1998, supra 103 La Ley de Delitos contra la Persona adopta en su sección 3 la disposición de la legislación inglesa de acuerdo con la cual todo acusado debe ser condenado por el delito de “homicidio intencional” si se comprueba que ha dado muerte a otra persona con la intención de matarla o causarle graves lesiones corporales o cuando ha actuado junto con una o más personas que comparten el designio común de causar la muerte o graves lesiones corporales a otra persona y ha cometido el acto de que se trata en cumplimiento de ese designio común, independientemente de que haya sido o no el principal autor del homicidio. Cfr. Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago (3 de abril de 1925). Legislación de Trinidad y Tobago, Sección 3, supra nota 33.