Los hechos del caso se refieren a la privación de libertad de Alfredo López Álvarez, quien era presidente del Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas y vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, tras ser detenido por agentes del Estado por un presunto delito de tráfico de drogas. Al ser trasladado a la Dirección de Investigación Criminal sufrió torturas y fue coaccionado para autoinculparse. Finalmente, fue absuelto, sin embargo permaneció detenido por 7 meses más.

La Corte IDH hizo referencia a estándares sobre prisión preventiva, al derecho a un recurso judicial efectivo y plazo razonable. Conjuntamente desarrolló estándares acerca del derecho a emitir información, que en este caso fue lesionado por la orden del Director del penal donde permaneció la víctima al prohibir a la población garífuna a hablar en su lengua materna, lo cual constituyó a su vez un acto discriminatorio en su contra.