Los hechos del caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria por parte de funcionarios judiciales de Azul Rojas Marin. Durante la misma y luego estando detenida fue torturada y humillada en razón de su orientación sexual, sin que los hechos fueran investigados debidamente.

En su Sentencia, la Corte IDH desarrolló estándares sobre formas de violencia y discriminación contra personas LGBTI, aplicando los mismos en el análisis respecto de la privación de la libertad a la que fue sometida Rojas Marin. Adicionalmente estableció violaciones a la prohibición de tortura, como consecuencia de la violencia sexual ejercida por agentes estatales, encuadrando las conductas en la categoría de “delito de odio”, afectando de ese modo no solo a Rojas Marin sino al colectivo LGBTI

Por otra parte, evaluó la actuación del Estado en relación con la investigación a la luz de los estándares de debida diligencia, poniendo en evidencia los actos de revictimizacion que ocurrieron durante la misma.