Los hechos del caso se refieren al derecho a la propiedad ancestral de su territorio de la Comunidad indígena Sawhoyamaxa, así como a las graves condiciones de vida consecuencia de estar asentados al borde de una carretera nacional en situación de pobreza extrema y sin acceso a servicios básicos mínimos como alimentación, vivienda, educación o salud, entre otros.

La Corte IDH ratificó el contenido dado al derecho a la propiedad indígena colectiva y el especial significado que el territorio tiene para los pueblos indígenas como base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica; y señaló que, debido a esa estrecha vinculación, se encuentran amparados por el artículo 21 de la Convención Americana.

La Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por no adoptar medidas frente a las condiciones de pobreza y falta de acceso a servicios básicos de la Comunidad Sawhoyamaxa y particularmente de los niños/as y adultos mayores.