INFORME Nº 71/02
ADMISIBILIDAD
PETICIÓN 12.360
SANTANDER TRISTÁN DONOSO
PANAMÁ
24 de octubre de 2002
I.

RESUMEN

1. El Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) (en adelante los "peticionarios"), presentaron una petición el 5 de julio
de 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión" o
la "CIDH") contra la República de Panamá (en adelante el "Estado" o “Panamá"), en la cual
alegan la violación de los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”) en perjuicio del
señor Santander Tristán Donoso (en adelante “Tristán Donoso”): a la honra y la dignidad
(artículo 11(2)); a la libertad de expresión y de pensamiento (artículo 13), así como a las
garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25); todos ellos en conexión
con los deberes genéricos del Estado de respetar y garantizar los derechos consagrados en la
Convención (artículo 1(1)) y de adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades previstos en dicho tratado (artículo 2).
2. Los peticionarios alegaron que la interferencia del teléfono y la grabación de una
conversación telefónica entre el abogado Santander Tristán Donoso con su cliente, y la
posterior divulgación de su contenido por el Procurador General de la Nación, señor José
Antonio Sossa Rodríguez (en adelante “Procurador General”), constituyen una indebida
intromisión a su vida privada y a la confidencialidad y libertad en el ejercicio de la profesión de
abogado. En una conferencia de prensa el señor Tristán Donoso denunció públicamente estos
hechos y presentó denuncia contra el Procurador General. La Corte Suprema de Justicia (en
adelante "Corte Suprema") confirmó el sobreseimiento definitivo del Procurador General y las
investigaciones realizadas no han encontrado a los responsables de haber ordenado o
efectuado los hechos mencionados.
3. Los peticionarios también alegan que con motivo de la conferencia de prensa, el Procurador
General presentó una querella en contra del señor Tristán Donoso por los delitos de calumnia e
injuria, cuyo proceso limita su libertad de expresión. Agregan que el señor Tristán Donoso
pidió se declare la inconstitucionalidad de esos delitos por medio de un recurso de
inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, el cual fue rechazado, lo que permite que el
proceso siga su trámite; consideran entonces que Panamá no ha adoptado todas las medidas
necesarias para adecuar su legislación y prácticas nacionales a la Convención, dado que el
proceso iniciado contra Tristán Donoso y la posibilidad real de una sanción de prisión por el
delito de calumnias e injurias constituye una forma desproporcionada de restricción a la
libertad de expresión al imponer un riesgo desmedido a todo aquel que, en el ejercicio de su
libertad de expresión, critica o señala un posible abuso del poder por parte de funcionarios del
Estado, información ésta de extrema importancia para la sociedad en general.
4. El Estado solicitó que se declararan inadmisibles los alegatos de los peticionarios
relacionados con las presuntas violaciones de los derechos a la vida privada, a la libertad de
expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Con relación al derecho a la vida
privada, alegó que la petición no tiene ningún fundamento y que sólo se basa en
consideraciones personales por cuanto no obtuvieron el resultado que esperaban. Agrega que
en el transcurso de la investigación se determinó que no se había intervenido ninguna
conversación telefónica y que las pruebas habían sido debidamente tratadas y valoradas por
las autoridades judiciales. Por otra parte, con relación a la presunta violación de la libertad de
expresión, considera que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna ya que
entiende que debe agotarse el juicio penal por calumnias e injurias que actualmente continúa
en la fase plenaria. Con relación a la demanda de inconstitucionalidad de las normas del
Código Penal, el Estado alegó que la Corte Suprema la declaró inadmisible en virtud de que el
mismo asunto ya había sido decidido con anterioridad.
5. Al analizar el presente caso, la CIDH concluyó que es competente para conocerlo y declaró
que la petición llena los requisitos de admisibilidad con relación a los derechos a la protección

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