de la honra y la dignidad (artículo 11(2)), a las garantías judiciales (artículo 8), libertad de
expresión (artículo 13), y a la protección judicial (artículo 25), todos ellos en conexión con los
deberes genéricos del Estado de respetar y garantizar los derechos consagrados en la
Convención Americana (artículo 1(1)) y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos
los derechos y libertades previstos en dicho tratado (artículo 2). La CIDH decidió notificar esta
decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la
OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

6. La petición se recibió en la CIDH el 4 de julio de 2000 y se envió al Estado solicitando
información el 26 de enero de 2000, con un plazo de 90 días para responder. El Estado solicitó
prórroga de 30 días el 17 de abril de 2001, la cual fue otorgada el 1º de mayo de 2001. El
Estado respondió el 30 de mayo de 2001 y el 21 y el 27 de junio de 2001 remitió información
adicional. El 20 de julio de 2001 los peticionarios presentaron sus observaciones y el 8 de
agosto de 2001 presentaron información adicional, solicitando audiencia ante la CIDH, la cual
fue rechazada el 29 de agosto de 2001. El 26 de septiembre de 2001 el Estado envió sus
observaciones. El 9 de noviembre de 2001 los peticionarios remitieron sus observaciones y 13
de diciembre de 2001 el Estado presentó su respuesta. El 31 de enero de 2002 los
peticionarios remitieron a la CIDH sus observaciones. El 10 de marzo de 2002 el Estado indicó
que estaban pendientes comentarios adicionales relacionados con el presente caso. El 3 de
julio de 2002 los peticionarios presentaron información adicional. El 9 de julio se recibió una
comunicación de los peticionarios y el 9 de agosto de 2002 el Estado presentó sus
observaciones.
III. POSICIONES DE LAS PARTES
A.

Los peticionarios

a.
Con relación a la injerencia, grabación y publicación de una conversación
telefónica del señor Tristán Donoso con su cliente y la subsiguiente investigación
penal en contra del Procurador General
7. Los peticionarios alegan la violación arbitraria de la vida privada y la falta de protección del
ejercicio de la abogacía (artículo 11(2)), debido a la interferencia indebida de conversaciones
telefónicas del abogado Tristán Donoso el 8 de julio de 1996 y su cliente, el señor Adel Sayed
quien era investigado por un caso de lavado de dinero. Esta conversación fue posteriormente
divulgada por el Procurador General al menos en dos ocasiones durante el mismo mes de julio
de 1996. La divulgación del casete ha sido reconocida por el Procurador General, pero
manifestó que la misma no significaba haber “hecho público el contenido de la grabación”. 1
8. Los peticionarios también alegan que el Estado ha violado los artículos 8 y 25 de la
Convención en el trámite de la denuncia presentada por el señor Tristán Donoso contra el
Procurador General por diversos delitos. Ante la solicitud de la Procuraduría de la
Administración, la Corte Suprema declaró el sobreseimiento a favor del Procurador General. El
22 de octubre de 1999, el señor Tristán Donoso apeló esta decisión en virtud de que se habían
ignorado una serie de pruebas que demuestran la violación de la que había sido víctima y
porque no se siguieron otras líneas de investigación para determinar las responsabilidades. El
3 de diciembre de 1999 la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento definitivo del Procurador
General y el denunciante fue notificado el 4 de enero de 2000, ejecutada al día siguiente, el 5
de enero de 2000. Los peticionarios consideran que con esa decisión se agotaron los recursos
de la jurisdicción interna y presumen que las intervenciones telefónicas fueron realizadas por
el Estado ya que éste cuenta con los medios necesarios para efectuar estas acciones.
b.
Con relación al juicio por calumnias e injurias iniciado por el Procurador General
en contra del señor Tristán Donoso debido a la rueda de prensa convocada para
denunciar la grabación y divulgación de la conversación telefónica con su cliente

1 Ver: Declaración jurada del Procurador José Antonio Sossa del 24 de mayo de 1999 ante la Procuraduría de la
Administración, párrafo 12.

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