B. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial (artículos 8.1 68 y 25.169 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento) 68. Tanto la CIDH como la Corte han establecido que en casos relacionados con muertes violentas, especialmente cuando puedan estar involucrados agentes estatales, la investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos70. Asimismo, los Estados deben debe proveer un recurso rápido y sencillo para lograr que los responsables de violaciones de derechos humanos sean juzgados y las víctimas obtengan reparación por el daño sufrido71. 69. Adicionalmente, en casos en los que la muerte pudo haber sido consecuencia del uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales, el Tribunal Europeo ha señalado que debe realizarse el “más cuidadoso escrutinio” tomando en consideración no “sólo las acciones de los agentes del Estado quienes ejercieron la fuerza, sino todas las circunstancias respectivas incluyendo materias tales como la planificación y control de las acciones bajo examen”72. De esta forma, “cualquier deficiencia en la investigación que socave su capacidad para establecer la causa de la muerte o a la persona responsable arriesgará el cumplimiento de esta norma”73. 70. Respecto de la aplicación de fueros especiales, la CIDH ha indicado que éstos deben tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminados a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a la propia entidad74. Así, la Corte Interamericana también ha tenido la oportunidad de analizar la estructura y composición de tribunales especiales a la luz de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura. Algunos factores relevantes son: i) el hecho de que sus integrantes sean oficiales en servicio activo y estén subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de la cadena de mando; ii) el hecho de que su nombramiento no dependa de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales; y iii) el hecho de que no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad. Esto ha llevado a la conclusión de que dichos tribunales carecen de independencia e imparcialidad para conocer de violaciones de derechos humanos75. 71. De igual manera, la Corte ha examinado si las características de la jurisdicción penal policial en el Ecuador cumplen con los estándares convencionales aplicados al fuero militar: i) la relación de esta jurisdicción con la rama ejecutiva; ii) la composición de cada instancia dentro de la jurisdicción penal policial (requisitos para ocupar estos cargos, formación profesional, estatus y rango dentro de la Policía Nacional); iii) el proceso de nombramiento de los jueces y fiscales; iv) las garantías de inamovilidad (término de su cargo y causales de separación), y v) la posibilidad de un control judicial posterior por parte de la justicia ordinaria76. 72. A partir de ello la Corte concluyó que la dependencia funcional y administrativa del sistema de justicia policial al Poder Ejecutivo, y la imposibilidad de solicitar una revisión judicial por parte de la jurisdicción ordinaria, no garantizaban la independencia e imparcialidad institucional de la jurisdicción policial. Además, la relación de subordinación y cadena de mando, propia de la Policía Nacional, no ofrecía garantías suficientes de independencia e imparcialidad de los jueces penales policiales, a nivel personal o individual, debido a: la manera en que eran 68 Artículo 8.1: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 69 Artículo 25.1: Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 70 CIDH. Informe No. 41/15. Casos 12.335, 12. 336, 12. 757, 12.711. Fondo. Gustavo Giraldo Villamizar Durán y otros. Colombia. 28 de julio de 2015, párr. 195. Asimismo, véase: Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 122, párr. 219; y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 218. 71 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 169. 72 ECHR, McCann and Others v. the United Kingdom, Application no. No. 27229/95, September 1995, para. 36. 73 ECHR, Milkhalkova and others v. Ukraine, Application no. 10919/05, 13 January 2011, para. 42. 74 CIDH. Informe 53/01. Caso 11.565. Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez. México. 4 de abril de 2001, párr. 81; Informe No. 51/16, Caso 11.564, Fondo, Gilberto Jiménez Hernández y otro, México, párr. 156. 75 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C, No. 135, párrs. 155156. 76 Corte IDH. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016, Serie C No. 327, párr. 94 11