Los hechos del caso se refieren a la falta de investigación y reparación integral de los diversos actos de tortura sufridos por Leopoldo García Lucero, desde su detención en septiembre de 1973 hasta junio de 1975, fecha en la cual salió exiliado del territorio chileno. Los acontecimientos descritos fueron llevados a cabo en un contexto de represión generalizada a las personas opositoras del régimen militar que gobernó a Chile entre 1973 y 1990.

La Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por no iniciar de oficio y de forma inmediata la investigación por los actos de tortura cometidos en contra de la víctima. También avanzó estándares sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a recibir una reparación integral por parte del Estado, y advirtió que la existencia de programas o políticas públicas con este objetivo debe ser compatible con las obligaciones estatales en esa materia.