Los hechos del caso se relacionan con la desaparición forzada de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello –ocurridas durante los años 1984 y 1992- en el contexto del patrón sistemático de desaparición forzada de personas percibidas como vinculadas al terrorismo, asi como la impunidad vinculada con las mismas.

En su Sentencia, la CorteIDH aplicó estándares sobre desaparición forzada y derecho a la verdad, y evaluó la obligación de debida diligencia estatal asi como la garantía del plazo razonable en relación con la investigación de los hechos