INFORME No. 95/08
PETICIÓN 1351-05
ADMISIBILIDAD
NADEGE DORZEMA Y OTROS o “MASACRE DE GUAYUBIN”
REPÚBLICA DOMINICANA
22 de diciembre de 2008

I.

RESUMEN

1. El 28 de noviembre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
la “Comisión Interamericana”, “la Comisión o la “CIDH”) recibió una petición presentada por el
Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, representado por el Sr. Cherubin Tragelus y
por el Centro Cultural Domínico Haitiano, representado por el Sr. Antonio Pol Emil (en adelante
“los peticionarios”) 1, en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República
Dominicana (en adelante “República Dominicana” o el “Estado”) por la presunta privación
arbitraria de la vida de Jacqueline Maxime, Fritz Alce (Gemilord), Roselene Theremeus, Ilfaudia
Dorzema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis Fortilus y Nadege Dorzema, el presunto
menoscabo a la integridad personal de Joseph Pierre, Selafoi Pierre, Silvie Thermeus, Roland
Israel, Rose Marie Dol, Josué Maxime, Michel Florantin, 2 Celicia Petithomme/Estilien, Sonide
Nora, Alphonse Oremis, Renaud Timat y Honorio Winique, (todos en adelante las “presuntas
víctimas”), por la presunta privación de la libertad de algunas de las presuntas víctimas y la
falta de garantías judiciales y protección judicial que permitieran la reparación de los daños
causados.
2. Los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por la violación de los derechos
consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7
(derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 24 (igualdad ante la ley) y 25
(protección judicial), en relación con la obligación general de respetar los derechos establecida
en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
“Convención” o la “Convención Americana”). En cuanto a los requisitos de admisibilidad, los
peticionarios sostuvieron que el requisito de agotamiento previo de los recursos internos,
previsto en el artículo 46.1.a de la Convención no debe aplicarse porque se ha impedido a las
presuntas víctimas agotar los recursos adecuados en la jurisdicción interna.
3. Por su parte, el Estado alegó que los reclamos de los peticionarios eran inadmisibles en vista
de que no se habría cumplido el requisito de previo agotamiento de los recursos internos
previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana, al no haberse agotado todos los
recursos que la ley dominicana prevé a favor de los agraviados para la solución del presente
caso.
4. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y tras analizar la información disponible y verificar
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana, así como en los artículos 30 y 37 de su Reglamento, la CIDH concluye
que la petición es admisible en cuanto a la presunta violación de los derechos establecidos en
los artículos 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación
general consagrada por el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Adicionalmente,
en aplicación del principio iura novit curia la Comisión analizará, en la etapa de fondo, si existe
una posible violación del artículo 2 de la Convención Americana. La Comisión decide notificar
esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de
la Organización de los Estados Americanos.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

1

El 23 de octubre de 2006, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH recibió la acreditación como co-peticionarios de la
Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la UQAM, representada por los Sres. Bernard Duhaime y
Carol Hilling.
2
Los peticionarios indican que Michel Florantin y Michel Francois es la misma persona y que en el interrogatorio ante
el Tribunal a Michel Florantin le nombraban Michel Fransua. En petición original recibida en la CIDH el 28 de noviembre
de 2005, página 8.
1

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