Los hechos del caso se refieren al procesamiento y condena a cadena perpetua de 4 ciudadanos chilenos por el delito de traición a la patria contemplado en la legislación peruana como un tipo de terrorismo agravado. La Corte IDH entendió que durante la década del 80 y hasta finales del 2000, se vivió en Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Este conflicto se agudizó mediante una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos -entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas- de personas sospechosas de pertenecer a grupos políticos opositores. Estas prácticas fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales.

La Corte IDH consideró el procesamiento y condena de las víctimas en la jurisdicción militar y por un tribunal “sin rostro”, y las imprecisiones en la definición de los tipos penales de terrorismo y traición a la patria con los que se les condenó y se afectó su situación jurídica tanto en la sanción aplicable, el tribunal de conocimiento y el procedimiento correspondiente, resultaron en la violación de su derecho a la defensa y del principio de legalidad.