Los hechos del caso se relacionan con la desaparición forzada de Narciso González Medina, activista critico del régimen dictatorial imperante en la época, quien fue detenido el 26 de mayo de 1994 y sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraba bajo custodia estatal.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca de la relación entre la desaparición forzada, y su carácter de violación compleja de derechos humanos, y la prueba indiciaria. Conjuntamente, se pronunció acerca de la responsabilidad del Estado respecto de la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos y la consecuente afectación al deber de garantía de los derechos a libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica de la víctima.