7 familiares de las víctimas y a toda la ciudadanía, haciendo público el compromiso del Estado de que hechos como éstos más [sic] volverán a repetirse. 4. Confeccionar una placa, con cargo al presupuesto nacional, y ordenar su colocación en el Hall de ingreso a los Tribunales Federales de Mendoza con una explicación sucinta de los hechos, la asunción de responsabilidad del Estado y resultados del proceso internacional, las disculpas a familiares y ciudadanía, y el compromiso de que hechos similares no volverán a ocurrir. 5. Procederá de inmediato al pago de las indemnizaciones cuyo monto en concepto de dańo material y moral asciende a DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (U[S]$ 700.250), para los familiares de ADOLFO GARRIDO y DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (U[S]$ 719.750) [para los familiares de RAUL Baigorria]. Ello totaliza la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL (US$ 1.420.000). 6. El Estado Nacional deberá abonar en concepto de honorarios profesionales de los Dres. CARLOS VARELA ALVAREZ y DIEGO JORGE LAVADO, en forma conjunta, el equivalente al 15% de lo que se otorgue como total de la indemnización. Las indemnizaciones deberán ser pagadas en dinero efectivo, en dólares o su equivalente en pesos al momento de su efectivo pago, y no podrán ser pagadas en bonos de la deuda pública ni ningún otro instrumento similar. 28. La Argentina no hizo ningún comentario sobre dichas pretensiones. 29. El 25 de septiembre de 1997 el Presidente de la Corte se dirigió a la Comisión y al Estado a fin de requerirles el envío del prontuario (resumen de los antecedentes penales) de las víctimas y datos acerca de dos presuntos hijos de una de ellas. 30. El 20 de enero de 1998 se celebró en la sede de la Corte la audiencia pública para escuchar los alegatos de las partes y de los familiares de las víctimas sobre las reparaciones. Comparecieron ante la Corte: por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: David J. Padilla, secretario ejecutivo adjunto, Ariel Dulitzky, asistente, Marcela Matamoros, asistente, Mario López Garelli, abogado; por el Estado: Zelmira Mireya Emilse Regazzoli, agente, Marcela Berutti, funcionaria de la Dirección General de Derechos humanos; por los familiares de las víctimas: Carlos Varela Alvarez, representante y abogado.