5 investigación de los hechos del asesinato de la abogada Ochoa, de las amenazas en contra de los miembros del Centro [PRODH], y de Leonel Rivero. 6. La audiencia pública sobre la presente solicitud de medidas provisionales celebrada en la sede de la Corte el 26 de noviembre de 2001. En dicha audiencia comparecieron: Por los Estados Unidos Mexicanos: Mariclaire Acosta Urquidi, Subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia; Carlos Pujalte Piñeiro, Embajador de México en Costa Rica; Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Juan José Gómez Camacho, Director General de Derechos Humanos; y Jorge Ulises Carmona Tinoco, Director para Casos Individuales de la Dirección General de Derechos Humanos. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Mario López Garelli, abogado de la Comisión Interamericana; Elizabeth Abi-Mershed, abogada de la Comisión Interamericana; Carmen Herrera, asistente; Viviana Krsticevic, asistente; y Juan Carlos Gutiérrez, asistente. 7. Los alegatos de la Comisión Interamericana, en los cuales ésta: a) presentó información actualizada acerca de la situación de riesgo en que se encuentran los colegas y familiares de Digna Ochoa y expuso su evaluación sobre el cumplimiento por parte del Estado de las medidas ordenadas; b) presentó de manera cronológica, desde 1995 a la fecha, las amenazas, hostigamientos y ataques violentos contra Digna Ochoa y Plácido y otros profesionales que colaboraban con ella en su trabajo. La muerte de Digna Ochoa significa la culminación de un cuadro de amedrentamiento, violencia e impunidad. De igual manera indicó la Comisión que los hechos descritos y la muerte de Digna Ochoa y Plácido demuestran una situación de gravedad y urgencia que comporta un riesgo inminente para quienes trabajaban cerca de Digna Ochoa, los miembros del Centro PRODH y para su familia; c) indicó que es evidente que la secuencia de amenazas, así como los mensajes y las formas de intimidación se deben al trabajo de los abogados del Centro PRODH como defensores de derechos humanos y específicamente, estaban destinados a aquellos abogados que, como Digna Ochoa, han denunciado ante instancias judiciales a militares, policías y funcionarios judiciales comprometidos con violaciones a los derechos fundamentales; d) señaló que con posterioridad a la muerte de Digna Ochoa, sus padres y sus hermanos también han expresado su preocupación por una serie de incidentes relacionados con intimidaciones, llamadas extrañas y la presencia de personas desconocidas;