Los hechos del caso se refieren al despido arbitrario de 270 funcionarios públicos, motivado por su participación en una manifestación por reclamos laborales, y a las violaciones de debido proceso y del derecho a la protección judicial cometidas en el ámbito de las demandas iniciadas por los trabajadores contra el despido.

La Corte IDH determinó que los principios de legalidad e irretroactividad se aplican a las normas sancionatorias administrativas, ya que estas también son expresión del poder punitivo del Estado. De igual forma, afirmó que las garantías judiciales y de debido proceso son igualmente aplicables a los procesos administrativos. Asimismo, también se refirió a la libertad de asociación sindical en relación con el despido de dirigentes sindicales.