tanto para los insurgentes como para las fuerzas de gobierno…. 4 [c]on lo anteriormente señalado, quizás si bien no se garantiza una aplicación total en la práctica [del Derecho Internacional Humanitario] las reglamentaciones eran abundantes, que aún aplicadas en su mínima expresión daban un índice de protección de los derechos humanos a todos los salvadoreños, al existir este marco legal y además la vigilancia y acompañamiento que daba en este proceso de protección de los derechos humanos el profesor Pastor Ridruejo, determinaban que el Estado puso a disposición de los peticionarios las garantías y medios para lograr una defensa efectiva de sus derechos”. 5 14. Con base en esta información, el Estado solicita a la CIDH que establezca que no hubo “[n]inguna práctica sistemática de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en desapariciones de menores”. 15. En relación con el agotamiento de recursos internos, el Estado aduce que éstos no han sido agotados. En primer lugar señala que el peticionario interpuso el recurso dehábeas corpus en el año 2002, pudiendo haberlo interpuesto en cualquier momento. El Estado salvadoreño, manifiesta que en sentencia de fecha 17 de febrero de 2003, la Corte admitió el recurso, estableciendo la violación al derecho a la libertad. Señala que, este recurso agregó que la tutela de dicha tribunal no implica plena reparación por lo cual se requiere de la actuación de otras entidades del Estado, siendo la Fiscalía General de la República la institución más idónea. 16. En este sentido, el Estado manifiesta que: [L]a Fiscalía General de la República hizo las investigaciones del caso, para lo cual acudió el día 27 de [no se indica mes] de 2003 a la Quinta Brigada de Infantería de la ciudad de San Vicente, reuniéndose con diferentes efectivos de dicha Brigada, quienes manifestaron lo siguiente:”Habiendo explicado el Teniente Coronel Alas Zansur, que todos los registros de operaciones realizadas por efectivos de la Quinta Brigada de Infantería de esta ciudad en la década de los 80 y 90 se mandaron al Archivo General del Ministerio de la Defensa Nacional, ya que las mismas poseen un valor histórico….comprometiéndose las personas antes mencionadas a proporcionar guías, con el objeto de realizar inspecciones en los referidos cantones y así tratar de ubicar familiares de los menores desaparecidos…” 17. El Estado añade que existían otras vías de denuncia como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ésta nunca fue utilizada por los peticionarios. 18. Por último, el Estado salvadoreño sostiene que las investigaciones continúan abiertas en etapa de investigación y que los recursos de la jurisdicción interna no han sido agotados, conforme a los principios generalmente aceptados del Derecho Internacional, por lo cual solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso. El Estado recalca que una investigación abierta 20 años después, no puede resolverse con la prontitud que se requiere en virtud de que el lapso de tiempo, perjudica la investigación y la prueba. Sin embargo, el Estado insiste que ha puesto toda la diligencia del caso. IV. ANÁLISIS A. Competencia personal, Interamericana material, temporal y territorial de la Comisión 19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están legitimados para formular una petición ante la Comisión. La petición objeto de estudio indica que la supuesta víctima estaba sometida a la jurisdicción del Estado salvadoreño en la época de los hechos aducidos. Con respecto al Estado, la Comisión señala que El Salvador es 4 5 Respuesta del Estado de fecha 5 de marzo de 2005 a la petición inicial, pág. 2. En su respuesta de fecha 5 de marzo, el Estado cita el Informe presentado por el profesor José Antonio Pastor Ridruejo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento del mandato concedido por la Resolución 1983/29 de dicha Comisión, de fecha 19 de enero de 1984, en el cual se establece la vigencia de el P.O.N. (“Procedimiento Operativo Normal para las detenciones efectuadas por elementos de las Fuerzas Armadas”). En dicho procedimiento se establece que los menores que se encontraran iban a ser llevados a lugares seguros. 4