Los hechos que relacionan la solicitud de protección a favor de las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano –documentadas e indocumentadas– que se encuentran sujetas a la jurisdicción de la República Dominicana se refieren a las deportaciones o expulsiones ilegales masivas realizadas en 1999. El otorgamiento de las medidas tenía como propósito ordenar a la República Dominicana se abstuviera de realizar deportaciones o expulsiones y permitir el retorno inmediato de las víctimas a su territorio, así como el de proteger a las quienes declararon ante la CorteIDH en calidad de testigos por estos hechos.