2020, fue enviado un oficio por el [Programa de Protección] a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Roraima, solicitando la adopción de medidas de protección y seguridad en los alrededores del [Instituto Socioambiental] y [Hutukara Asociación Yanomami – local de trabajo del propuesto beneficiario], ante la posibilidad de retaliaciones a los funcionarios e indígenas que participan de una campaña sobre la relación de la minería ilegal y la COVID-19. No obstante, hasta el presente momento, no se obtuvo respuesta”. 28. Considerando lo expuesto, el Estado alegó que la presente solicitud de medidas cautelares no cumple los requisitos del Reglamento de la CIDH, indicando una supuesta falta de agotamiento de los recursos internos, así como recordando el carácter subsidiario de la jurisdicción internacional, toda vez que no se habría demostrado por los solicitantes que las medidas implementadas por el Estado serían insuficientes o ineficientes. Además, el Estado agregó que “[en ese] contexto, se percibe que la cuestión de la actividad minera ilegal […] es una situación verdaderamente antigua y cuyos contornos se vienen definiendo con el pasar del tiempo, no mostrando, todavía, [un riesgo actual], lo que resulta incompatible con el pedido de adopción de medidas urgentes”. 2.1 Información complementaria enviada por el Estado 29. El 25 de junio de 2020, el Estado envió información complementar indicando que habría un “Plan Operacional Integrado de Seguridad para Reactivación de las BAPE de la TI Yanomami”, se indicó que se llevaron a cabo varias reuniones de concertación, recordando que una de las tres BAPE a ser reactivadas ya está en funcionamiento. Asimismo, el Estado informó que la FUNAI está apoyando financieramente las “barreras sanitarias” tanto en la parte de la Tierra Indígena en Roraima cuanto en el Amazonas. Esas barreras, según información contenida en el expediente, no se relacionan con los esfuerzos de fiscalización y retirada de mineros, pero contribuirían para combatir la diseminación de la COVID-19 entre los indígenas (sin detallar). 30. En relación con la reapertura de las demás BAPE, el Estado informó que la próxima será la BAPE Serra da Estrutura, “cuya prioridad es garantizar el monitoreo y protección de los pueblos aislados que viven en la región”. Para la reinstalación de la BAPE, el Estado ejecutó las operaciones de combate a la minería tituladas “Mutum e Mucajaí” en 2019. Tal BAPE, inclusive, habría sido utilizada en la referida Operación Curare XI en 2019 (ver supra párr. 26). 31. El Estado añadió que, ante la “gravedad de las acciones criminales practicadas en la región amazónica”, se autorizó en 2019 el uso de la Fuerza Nacional en acciones entre agosto y octubre de 2019 en tierras indígenas, detallando operaciones nacionales de represión a crimines ambientales y conexos. Sin embargo, hasta la fecha del informe estatal, la Fuerza Nacional no habría sido utilizada en las Tierras Indígenas Yanomami. Particularmente sobre las TIY, el Estado informó sobre los obstáculos al combate a la minería, explicando que los “[…] Yanomamis ocupan una grande región de montañas de frontera con Venezuela, en un área continua de 9.419.108 ha […]”. En efecto, el Estado resaltó que “[…] el combate a los mineros disminuye la tensión de las áreas y contribuye para minimizar la diseminación de enfermedades.” 32. En ese contexto, particularmente con relación a la COVID-19, el Estado alegó que, desde enero de 2020, el Ministerio de la Salud estaría poniendo a disposición “una serie de documentos técnicos para que los pueblos indígenas, gestores y colaboradores puedan adoptar medidas que ayuden a prevenir y tratar la infección por el nuevo Coronavirus”. En ese sentido, los miembros del equipo del DSEI-Y “son orientados a priorizar el trabajo de búsqueda activa domiciliar de casos de Síndrome Gripal (SG) y Síndrome Respiratoria Aguada Grave (SRAG), realizando clasificación de casos, evitándose la circulación de personas con síntomas respiratorios”. Los casos diagnosticados habrían sido tratados en conformidad a los protocolos específicos de tratamiento de COVID-19. -7-

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